Un estudio reciente de Colliers ha determinado que gran parte de los recursos recaudados por la Ley de Aportes al Espacio Público está inmovilizada. Solo un 15% de los municipios pueden utilizarlos porque poseen el requisito de un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (Piimep). Este plan es una cartera de proyectos que mejoran la conectividad, accesibilidad y movilidad, así como la calidad de los espacios públicos. En las comunas sin planes —y, según el estudio, municipios tan importantes como Las Condes no los poseen—, ello significa que estos recursos, que alcanzan a $1.300 millones en el caso de ese municipio, deben permanecer sin ser usados. Otros municipios con fondos acumulados pero sin planes aprobados son Pudahuel, Chillán, Lo Barnechea e Iquique. Es por ello que el 53% de los recursos de la ley no se han gastado.

La Ley de Aportes al Espacio Público tiene el propósito de mitigar los efectos de distintos tipos de proyectos inmobiliarios sobre el entorno urbano, especialmente sobre la movilidad. La densificación o la instalación de una gran empresa pueden aumentar los flujos vehiculares y de personas, contribuyendo a la congestión que afecta el entorno. El objetivo de la ley es neutralizar estos efectos por medio de inversión en proyectos de movilidad o de mejoramiento urbano. Las empresas o proyectos de densificación tienen la opción de entregar el aporte no como un monto, sino como bienes públicos específicos incluidos en el Piimep, o pueden proponer otros bienes no incluidos en el plan pero que sean coherentes con este.

Aparentemente no es fácil preparar los Piimep, dado que municipios importantes no han logrado aprobarlos. Es el tipo de instrumentos que a veces parecen haber sido diseñados para asegurar el trabajo de ciertos consultores y profesionales especializados, como ha ocurrido en otras leyes que protegen el medio ambiente o reliquias históricas. Estos planes, que tal vez podrían ser razonables en un municipio de altos ingresos e importante congestión, lo son menos para comunas pequeñas, que deberían requerir instrumentos más simples.

Aunque la ley señala que las seremis de Vivienda y Transporte deberían cooperar en la formulación de los Piimep, esta ayuda parece ser insuficiente. Y si bien la normativa permite dedicar recursos de los mismos fondos para actualizar los Piimep, no es posible utilizarlos en el plan inicial (dado que no se puede gastar recursos sin Piimep). Pero incluso si se pudieran utilizar, la ley obliga a que el 70% se destine a proyectos de movilidad, en circunstancias que probablemente la preparación de esos planes requiera un monto mayor que los recursos totales que recauda un municipio pequeño por este concepto.

Otra deficiencia de la normativa es la dificultad que impone a las microempresas. Actualmente, la Ley de Microempresas Familiares permite que los hogares destinen parte del inmueble que habitan a una empresa, lo que facilita su formalización. Sin embargo, algunos municipios interpretan la legislación de manera tal que eleva el costo de formalización, exigiendo planos firmados por un arquitecto para determinar el monto del aporte, entre otros requisitos. En el caso de pequeñas y microempresas, debería simplificarse el procedimiento a un pago predeterminado en función de datos fácilmente verificables, sin necesidad de un arquitecto.

En resumen, se trata de una ley bien concebida en teoría, pero compleja en su bajada a la realidad. Se requiere, como mínimo, una simplificación en la forma en que opera para micro y pequeñas empresas, y para municipalidades medianas y pequeñas.