La reforma al sistema notarial y registral aprobada este año fue presentada como un avance relevante tras décadas de diagnósticos reiterados. La incorporación de concursos a cargo de la Alta Dirección Pública para el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros; mayores exigencias de transparencia, fiscalización reforzada y ciertas obligaciones tecnológicas mínimas constituyen —cabe reconocerlo— un paso adelante respecto del modelo tradicional, largamente cuestionado por su opacidad, discrecionalidad y mal servicio a los ciudadanos. Sin embargo, el texto finalmente aprobado luego de una larguísima tramitación legislativa dista con mucho de entregar una solución global a los problemas del sistema. Más aún, una simple comparación entre el proyecto original presentado por la segunda administración del Presidente Piñera y lo que el Congreso despachó este año revela cómo los parlamentarios redujeron significativamente su alcance. Y en este contexto, los antecedentes que se han conocido a propósito del caso “muñeca bielorrusa” respecto de las relaciones entre congresistas y el mundo notarial generan justificada suspicacia.

En efecto, durante la tramitación legislativa, algunos de los más relevantes elementos del proyecto original que buscaban modernizar verdaderamente el sistema fueron siendo desechados o atenuados, hasta quedar fuera del texto final. Entre ellos, la posibilidad de extender escrituras públicas electrónicas con firma avanzada, la digitalización plena de trámites y la creación de fedatarios para funciones menores. Estas herramientas, aprobadas inicialmente por la Cámara, habrían permitido reducir la dependencia de procedimientos manuales, disminuir espacios de discrecionalidad y prestar un servicio de mejor calidad.

Tampoco prosperaron propuestas destinadas a elevar los estándares de interoperabilidad y trazabilidad en los registros conservatorios, cuyo rol es esencial para la certeza jurídica. En este punto, la reforma avanzó menos de lo necesario: si bien se fortalecieron los requisitos de infraestructura y se establecieron mayores obligaciones de información, quedaron pendientes cambios sustantivos al funcionamiento interno de estas oficinas y a los mecanismos de control externo. La certeza que ofrecen los conservadores continúa descansando, así, en sistemas heterogéneos y de fiscalización limitada.

Nada de esto puede desligarse de la influencia que ha ejercido, históricamente, el gremio del sector. Durante la discusión legislativa, notarios y conservadores argumentaron que las herramientas digitales no ofrecían suficientes garantías. No obstante, hechos recientes —incluidos fraudes cometidos mediante mandatos falsificados y verificaciones presenciales deficientes— muestran que el riesgo mayor no proviene de la tecnología, sino de un esquema que depende en exceso del juicio individual de quienes ostentan la calidad de ministros de fe. La resistencia corporativa a reformas más profundas ha terminado, en los hechos, dificultando la modernización que el país requiere.

El resultado es una reforma positiva pero incompleta. Introduce mejoramientos relevantes, pero deja sin resolver cuestiones centrales: estándares tecnológicos robustos, procesos más trazables y un sistema registral realmente uniforme y fiscalizable. Ahora, el caso “muñeca bielorrusa” ha agregado nuevos antecedentes respecto de estrechos lazos entre conservadores y congresistas que participaron en la discusión de esta iniciativa. Se suman a una serie de otras revelaciones previas sobre parentescos entre parlamentarios y miembros del mundo notarial, y hasta el caso de un exasesor legislativo, quien al mismo tiempo prestaba servicios a una bancada y a la Asociación de Notarios. A la luz de aquello, cabe demandar claridad respecto del rol que cumplieron esos congresistas en la tramitación, pero también insistir en la necesidad de los cambios que quedaron pendientes. La confianza ciudadana exige ir más allá de los ajustes logrados y retomar, con la debida convicción, las reformas modernizadoras que ahora fueron bloqueadas. Solo así podrá consolidarse un sistema notarial y registral a la altura de lo que Chile necesita.