Uno de los puntos más preocupantes que dejó el debate presidencial de la Archi fue el hecho de que ninguno de los dos candidatos rechazara el proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin tag. Mientras José Antonio Kast lo eludió, argumentando que la iniciativa aún está en debate, Jeannette Jara derechamente apoyó el proyecto porque “lo que se ha hecho es un abuso”, dijo, en referencia a estos cobros.

Lo anterior es inquietante. Como han advertido especialistas, eliminar esta multa (1 UTM) significa, en la práctica, terminar con el sistema de televías, echando atrás todo lo que se ha avanzado para el libre flujo en las carreteras y dejando en situación imposible a las autopistas urbanas. Se trataría de un golpe eventualmente letal contra el sistema de concesiones viales, cuyas consecuencias pagaría el conjunto de los ciudadanos, en términos de menor inversión en infraestructura (y por lo tanto, mayor congestión vial) y también de menos recursos para la mantención de caminos (que tendría que ser asumida por el fisco), además de un inmenso costo reputacional para el país.

Pero, ¿quiénes serían los beneficiados? ¿Se trata acaso de una inmensa y desvalida mayoría ahogada por el pago del tag? No parece ser así, según el Ministerio de Obras Públicas: las infracciones corresponden a menos del 3% del total de transacciones que se realizan anualmente en autopistas y carreteras. Claro que, entre estos infractores, hay algunos connotados. La propia candidata Jara reconoció haber sido uno, con multas acumuladas por $300 mil y $600 mil en dos municipios. Y aunque dijo que se lo tenía merecido y había pagado, agregó que eso no le impedía empatizar con quienes podían tener dificultades. Tal vez estaba pensando en su correligionaria del PC, la diputada Karol Cariola, de quien se conocieron este año ruborizantes chats que la mostraban haciendo gestiones con alcaldes para conseguir una rebaja de sus multas porque “es mucha plata”. Jara, quien durante la campaña ha expresado su preocupación por los estándares éticos de su adversario, no hizo comentario respecto del caso Cariola, quien por cierto votó favorablemente el proyecto de ley.

Es probable que el listado de quienes han sido infractores del tag incluya a otros políticos, además de la abanderada y la diputada comunistas, y que su militancia solo sea una coincidencia. Con todo, inevitable es recordar que hace solo unos años el actual oficialismo defendía evadir el pago del metro, pues aquello era “otra forma de luchar”. Tal vez algunos hayan pensado que lo mismo aplicaba para el tag. Lo claro es que distan de situarse entre los ciudadanos más vulnerables y que favorecerlos significaría imponerle un pesado costo al resto del país.