Un proyecto de ley presentado por el senador Karim Bianchi pretende, mediante la regulación de las encuestas, “garantizar la fe pública y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz”. Para ello, se busca regular tanto la metodología que emplean los estudios como su difusión y publicidad. De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, las encuestas no serían meras mediciones sociológicas, sino “activos políticos de campaña” y se les atribuye toda clase de poderes, como provocar un efecto arrastre, orientar el voto útil e influir determinantemente en el comportamiento de los indecisos.

Desde luego, no se hace el menor intento por demostrar la efectividad de estos supuestos fenómenos; al parecer, se ha estimado que basta enunciarlos para convencer al Senado del impacto de las encuestas. Y es posible que más de algún senador, temeroso de cualquier asunto que pueda influir en su reelección sin su control, acepte como verdad lo que es solo una especulación. En el campo científico, la polémica sobre esta clase de repercusiones lleva más de cien años sin que exista claridad sobre la existencia de uno u otro efecto, es decir, si favorece al que aparece como ganador o al que aparece como perdedor.

Enseguida se compara la información estadística sobre las preferencias del electorado con la información que regula la Comisión del Mercado Financiero, que pertenece a una esfera completamente diferente. Los resultados de una información falsa entregada al mercado por un actor económico pueden provocar daños ciertos, claramente demostrados, debido al comportamiento que adoptan los agentes para defender sus propios intereses financieros. Estos cambios pueden precipitar a otros a actuar y provocar daños medibles a la economía de un país. No ocurre nada parecido en el votante, que en secreto emite su voto según sus propias convicciones, aunque realice un análisis con la información que él mismo juzga en cuanto a su credibilidad.

La certificación de la calidad de las encuestas, que se menciona como existente en Colombia y otros países, quizá podría ser posible de lograr, pero no sería una tarea simple, pues debería llegarse a un acuerdo entre todas las empresas que hoy compiten entre ellas. Crear un ente regulador sería aún peor, pues fijaría condiciones necesariamente discutibles en este campo, donde existe una ciencia, pero también un arte difícil de transmitir, donde la forma en que se hacen las preguntas, las personas que las hacen, la confianza que despiertan en el encuestado y muchas otras variables casi imposibles de medir resultan claves para obtener un resultado confiable. Por estos motivos, es el prestigio de cada encuestadora lo que otorga valor a su información.

Como otros proyectos que se han presentado, la idea del autor es restringir la difusión de las encuestas hechas con metodología científica, pero no toca a las otras, que no aspiran a ofrecer métodos estadísticos. Las encuestas periodísticas, o las predicciones de expertos y analistas políticos pueden seguir siendo divulgadas hasta el día mismo de la elección, pues tampoco están prohibidas como las encuestas serias. Si legislando se garantiza la fe pública y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz es, cuando menos, cuestionable.