En días pasados han aumentado las especulaciones sobre un posible ataque armado de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro ha sido calificado como el líder del Cartel de los Soles que traficaría drogas con destino a territorio estadounidense. En una reciente conversación entre Donald Trump y Maduro, el mandatario estadounidense le habría dado un ultimátum para abandonar el poder, pero las condiciones puestas por Maduro habrían imposibilitado un acuerdo.

Washington ha desplegado un gran contingente militar en el Caribe que ha bombardeado una veintena de lanchas supuestamente cargadas de drogas, con un saldo de varias decenas de víctimas fatales.

En EE.UU. se cuestiona la legalidad de estos ataques porque no se ajustaría a la autoridad otorgada por el Congreso para usar la fuerza contra grupos armados terroristas después del ataque a las Torres y al Pentágono, el 11 de septiembre del 2001, cuando se usó contra Al Qaeda y los Talibanes. En el caso venezolano, se combatiría militarmente al Cartel de los Soles, designado como Organización Terrorista Extranjera, pero que no es un grupo armado beligerante.

Este tipo de combates tampoco se ajusta al “derecho a la legitima defensa”. Y hay una cuestión de “proporcionalidad” en el uso de la fuerza. Si se detectan lanchas cargadas de cocaína, la Marina de EE.UU. podría detener las embarcaciones, trasladarlas a puerto, incautar la droga, y procesar judicialmente a la tripulación. No se requiere dispararles misiles y menos, como ocurrió en un caso, ajusticiar con otro disparo a los civiles sobrevivientes aferrados a los restos de la embarcación hundida, cuestión que ha generado severas críticas en el Congreso de EE.UU. hacia el jefe del Pentágono.

Chile debe defender la primacía del derecho internacional, principio orientador de nuestra política exterior. Si bien una invasión terrestre con Marines a Venezuela no es factible, por la oposición de la base MAGA de Trump al involucramiento de EE.UU. en conflictos militares en el exterior, podría ocurrir una operación armada quirúrgica de misiles o drones contra instalaciones en territorio venezolano, lo cual sería una evidente violación del derecho internacional.

El concepto de soberanía tiene límites y está condicionado por el respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas y a los DD.HH. fundamentales, obligaciones consignadas en tratados, por lo cual la comunidad internacional puede criticar el fraude electoral y la violación sistemática de los DD.HH., puede adoptar sanciones contra el régimen en el plano bilateral, y presionar diplomáticamente para que se reponga la democracia, pero eso no otorga derecho para el uso ilegal de la fuerza, transgrediendo el derecho internacional. El rechazo a Maduro no puede significar el sacrificio del derecho internacional.

Señal de los tiempos fue el anuncio de la Casa Blanca del “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe del siglo XIX que rechazó la presencia colonialista europea en el hemisferio y, junto al Corolario Roosevelt, estableció las bases doctrinarias de las intervenciones de EE.UU. en la región. Ahora el “Corolario Trump” dispone que “el pueblo americano —no naciones extranjeras o instituciones globalistas— siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio”.

Los preparativos de guerra enfrentan abiertas contradicciones. Mientras la administración Trump declara el cierre del espacio aéreo venezolano por hipotéticas operaciones bélicas —aunque, paralelamente, manda a Caracas aviones de deportados venezolanos desde el Oeste de EE.UU.—, Washington sigue haciendo negocios con Maduro. Trump autorizó a la empresa estadounidense Chevron a operar nuevamente en Venezuela, en asociación con la estatal PDVSA, que ha contribuido a la reactivación de la producción petrolera venezolana.

Mas aún, mientras la Armada de EE.UU. bombardea lanchas cargadas con drogas en el mar Caribe, el Presidente Trump indulta al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. y condenado a 45 años de cárcel por traficar toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Hernández —perteneciente al Partido Nacional de Honduras, cuyo candidato Trump apoya abiertamente en las elecciones presidenciales de estos días, advirtiendo que si no gana puede haber repercusiones— apeló a Trump con el argumento de que fue víctima de una “caza de brujas” por la administración del presidente demócrata Joe Biden. Ahora el condenado narcotraficante está libre. Son las contradicciones de la política internacional en la vida real.

Una salida negociada, con la interposición de buenos oficios de algunos gobiernos latinoamericanos, sería el mejor camino para la profunda crisis que vive Venezuela. Los grandes intereses en juego pueden ser un obstáculo insalvable.

Heraldo Muñoz fue canciller de Chile entre 2014 y 2018