No era misterio que, luego de las extraordinarias circunstancias provocadas por la pandemia, los países tendrían que realizar grandes esfuerzos para normalizar sus economías. Esto requeriría un trabajo riguroso y responsable, equipos con la calidad técnica necesaria y un liderazgo a la altura de las circunstancias. En muchos lugares, tales esfuerzos dieron resultado. Es así como, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento global alcanzó el 3,8% en 2022; 3,5% en 2023; 3,3% en 2024, y se proyecta un 3,2% para 2025. Para el conjunto de países emergentes y en vías de desarrollo las cifras son incluso mayores.

En Chile, la situación ha sido, sin embargo, distinta. Bajo el actual gobierno, solo se ha prolongado el estancamiento económico que había partido con la segunda administración Bachelet. Así, el PIB se expandió un 2,15% en 2022; 0,52% en 2023; 2,64% en 2024, y se proyecta una cifra en torno al 2,5% para el presente año. Con esto, el crecimiento promedio del período alcanzaría el 1,95%. Como referencia, el promedio de América Latina y el Caribe ha sido de 2,87%. Es un resultado mediocre, más aún considerando el extraordinario precio de nuestros principales productos de exportación y el bajo valor del petróleo en el mundo.

Si bien aún no existen datos para analizar la dinámica de pobreza —la decisión del Gobierno de postergar la entrega de los resultados de la encuesta Casen suma a nuestro deterioro institucional—, los datos del mercado laboral dan cuenta de una compleja realidad. Los 34 meses consecutivos de desempleo con un piso de 8% y una creación de empleo movilizada por el sector público no pueden ser interpretados como propios de una economía con bases sólidas. De hecho, en la actualidad la tasa de desempleo es 8,4%; la tasa de ocupación, 56,7%, y la participación laboral alcanza el 61,9%, todas cifras inferiores a las reportadas en el mismo trimestre móvil del año 2019 (7,1%, 58,2% y 62,6%, respectivamente). Es decir, el mercado laboral enfrenta peores condiciones que las que se observaron previo a octubre de 2019.

Elementos habilitadores de dichas condiciones pueden encontrarse en los cambios a nuestra institucionalidad laboral impulsados por esta administración. Ellos incluyen la reducción de la jornada laboral, normativas de deficiente factura que han rigidizado el empleo, aumentos técnicamente injustificados del salario mínimo y una inflación salarial de los sueldos del Estado que distorsiona los equilibrios de mercado. La falta de visión en el Congreso, con parlamentarios más preocupados de figurar en los medios que de asegurar la mejor factura posible de las leyes, tiene su propia cuota de responsabilidad en lo que se ha llamado una emergencia laboral.

En materia de inversión, motor del crecimiento, las cifras de la actual administración son también decepcionantes. Si bien durante 2022 la formación bruta de capital fijo trimestral creció en promedio un 4,42% (anual), la cifra fue solo 0,08% el 2023 y un preocupante -1,49% el 2024, dando cuenta del pesimismo con que los inversionistas vieron el potencial de Chile durante parte importante del actual gobierno. Desde esta perspectiva, la mejoría en las cifras de inversión de 2025 es el resultado de una bajísima base de comparación y de las mejores expectativas frente al posible cambio de administración. Con todo, mientras durante los tres primeros trimestres del 2019 la formación bruta de capital fijo alcanzó un promedio de US$ 11.523 millones, en 2025 la cifra fue solamente un 8,5% superior. Esto equivale a decir que, entre 2019 y la actualidad, el agregado macroeconómico que mejor mide la inversión creció solo un 1,4% anual. De este modo, es difícilmente sostenible argumentar que este gobierno ha sentado las bases para un mayor crecimiento, como han dicho las autoridades.

Los resultados fiscales, en tanto, agregan otra fuente de preocupación. Bajo la actual administración, el incumplimiento de la regla de balance fiscal representa un fracaso institucional que debe ser asimilado por el mundo político. Esto ha significado un abultamiento importante de la deuda pública, que se acerca con peligrosidad a lo que se ha considerado como techo prudencial. Y se agregan además dos discutidas prácticas: el drenaje injustificado de los ahorros de la nación (fondos soberanos) y la llamada “creatividad contable” para ubicar bajo la línea presupuestaria partidas de gastos que deberían estar sobre ella, como ha sido alertado por el Consejo Fiscal Autónomo.

Fortaleza institucional a prueba

Durante sus últimas apariciones, el Presidente Boric ha insistido en instalar un relato de optimismo que desafía la realidad. De este, cabe recuperar su repetida frase “Chile no se cae a pedazos”, pues sí da cuenta de un hecho efectivo.

Gracias a décadas de progreso, que fueron puestas en paréntesis a partir del 2014, el país ha logrado sostener un mínimo de crecimiento a pesar de los errores de políticas públicas y la falta de visión de muchos de sus líderes. En ese sentido, muchas de las políticas de la actual administración han puesto bajo difícil prueba la fortaleza de nuestra economía.

Sin embargo, como han planteado distintos técnicos, no existe mayor espacio para que esto continúe. El próximo gobierno tendrá el deber de ofrecer al país una agenda efectiva y rigurosa, y la obligación de desarrollar un actuar profesional y responsable. Estos son ingredientes indispensables para aspirar a dejar atrás más de una década de mediocridad.