La asamblea nacional de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) definió hace algunos días su posición frente al actual escenario político-gremial. En particular, explicitó su apoyo a la postulante oficialista, Jeannette Jara, en la próxima elección, manifestó su rechazo a decisiones que puedan ser entendidas como precarización laboral del sector y llamó a prepararse para un período de movilizaciones.

A decir verdad, ninguno de estos tres planteamientos resulta muy sorprendente. Desde luego, la ANEF concentra hoy buena parte de la base electoral de la izquierda, por lo que su posición partidista es conocida. Por otro lado, se trata de una organización que se opone a cualquier cambio que modifique las buenas condiciones de que gozan sus representados, lo que solo confirma que, al igual que otras instituciones gremiales, está constituida para cuidar los intereses de sus miembros, sin que ello represente necesariamente el interés común del país. Con todo, en este caso la tensión es aún más evidente: a los ojos de la mayoría de los chilenos, el Estado ofrece servicios de baja calidad y los empleados fiscales gozan de mejores condiciones laborales que el resto de los trabajadores —y esto sin considerar los masivos abusos que la Contraloría ha develado—. Esto, mientras sus dirigentes anuncian sin más su interés de cuidar esos privilegios.

En este contexto, el apoyo de la ANEF a Jara es la mejor demostración de que la candidata del PC no está en condiciones de hacer las reformas que se necesitan en el aparato público. Su base electoral está ahí, y su compromiso con ese grupo de interés hace inviable una modernización de la función pública que permita modificar programas y buscar el mejor servicio que los ciudadanos demandan. En este sentido, los llamados de la ANEF a la movilización parecen una muestra de que sus dirigentes dan la elección del 14 de diciembre por perdida y que buscarán oponerse a cualquier reforma del Estado que quiera implementar la próxima administración.

Antes, en el gobierno del Presidente Piñera, la ANEF y otras llamadas “organizaciones sociales” jugaron un papel clave durante el estallido de 2019, vía la Mesa de Unidad Social, con sus convocatorias a movilizaciones que luego derivaron en violentos incidentes. Incluso este año, la Agrupación fue una de las pocas entidades que llamaron a conmemorar el aniversario del 18 de octubre, dando cuenta del peso que la izquierda tiene hoy en su conducción. El desafío de la próxima administración será convencer a la ciudadanía de que reformas modernizadoras en el sector público pueden ir en beneficio de las personas y de los buenos empleados fiscales que no son presa de una organización altamente ideologizada.