El incumplimiento de la meta de Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) 2024 constituye un hecho relevante para la trayectoria reciente de las finanzas públicas, y esta administración lo asume con responsabilidad: no minimiza el desvío y se ocupa de volver a una senda de convergencia fiscal. Para eso, el Ejecutivo presentó un paquete inédito de acciones correctivas en materia de ingresos y gastos.

Aclarado lo anterior, medir a la administración solo por el desvío de 2024 no es suficiente para hacer un diagnóstico fiscal de los últimos cuatro años, sin reconocer los avances y esfuerzos fiscales, con el fin último no de ver quién tiene la razón, sino de promover un diálogo público informado y cuidar nuestra institucionalidad fiscal.

Lo primero es ponderar adecuadamente el contexto inicial. Este gobierno recibió el peor resultado histórico del BCA como consecuencia de los efectos fiscales de la pandemia, un paquete de medidas tributarias con un rendimiento inferior a lo comprometido, y debió implementar la PGU desfinanciada. Hay quienes atribuyen estos efectos a la herencia de la pandemia, pero la mayoría de los países aplicó una política fiscal expansiva en 2020, no en 2021.

Además, aunque la meta para 2021 se cambió de manera razonable por la pandemia de -1,2% al -4,7% del PIB, el resultado fue de -10,7%, sobre US$ 18 mil millones más que lo estimado. A esto se suma que, de 2020 a 2021, junto con aumentar la deuda, los fondos soberanos disminuyeron a la mitad. Los resultados fiscales de 2022 y 2023 no solo cumplen la meta fiscal, sino que son mejoras sustantivas determinantes para la gestión fiscal del período.

En 2022, el sobrecumplimiento superó en más de US$ 11.400 millones lo presupuestado, equivalente a más de tres veces la desviación del déficit efectivo 2024. Ese desempeño contribuyó a reducir el nivel de deuda bruta en US$ 13.172 millones respecto de lo esperado al elaborar dicho presupuesto, construyendo un colchón fiscal altamente relevante para los años siguientes.

En 2023, el desempeño volvió a ser positivo: se recaudaron $1,4 billones más de lo proyectado —al contrario de la idea errónea de que los ingresos fueron menores a lo estimado— y se ejecutó el 100% del presupuesto.

A su vez, esta administración impulsó una de las modernizaciones institucionales más importantes desde la creación de la regla fiscal. Destaca la incorporación de un ancla de deuda a mediano plazo como meta fiscal, que este Ejecutivo aplicó desde su primer día, incluso antes de su consagración legal. A ello se suma el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo, mediante la ampliación de sus facultades.

También fue esta administración la que, por primera vez tras más de una década de errónea imputación de los gastos del Crédito con Aval del Estado, alertó al CFA de la situación e implementó el cambio. Así, por primera vez el gasto del CAE está bien reflejado en la Ley de Presupuestos.

El debate fiscal de hoy es más transparente en gran medida por el nuevo estándar de rendición de cuentas impulsado por esta administración, una institucionalidad con la que el país no contaba.

Finalmente, dos hechos irrefutables confirman el compromiso de este gobierno con una gestión fiscal seria y responsable. Primero, el país registró el menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, cuando comenzó su trayectoria ascendente. Segundo, el gasto público tuvo el crecimiento real más bajo de todas las administraciones desde 1990, y durante el período se mantuvo en los niveles como porcentaje del PIB prepandemia, a los que retornó, sin descuidar la responsabilidad social.

Ambos logros muestran que este gobierno no solo enfrentó un contexto adverso, sino que ha avanzado en sostenibilidad fiscal, rasgo de nuestro país constantemente relevado por organismos internacionales y clasificadoras de riesgo.

Cuidar las finanzas públicas es tarea de todos los actores que participan del debate público. Y a la luz de los hechos, lo que se observa en este período son mejoras institucionales y una gestión responsable de la política fiscal.

Javiera Martínez Fariña
Directora de Presupuestos