El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Desde que se conoció, ha recibido numerosas críticas de rectores, expertos, organizaciones académicas e incluso observaciones de la Contraloría.

La semana pasada se difundió ampliamente el documento “Bases de Acuerdo CRUCh-FES”, presentado como un avance relevante en la discusión. Sin embargo, una lectura atenta muestra que profundiza los problemas estructurales del proyecto. El rechazo que el documento suscitó entre universidades integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh), como fue el caso de lo expresado por los rectores de la PUC, la UDP y la UAndes, deja clara esta situación.

Es relevante señalar que el Gobierno optó por negociar con el CRUCh, entidad que representa solo a un tercio de los estudiantes del sistema. El 67% restante —universidades privadas no CRUCh, institutos profesionales y centros de formación técnica— no aparece representado en este acuerdo.

El primer punto preocupante es el de la autonomía. El documento plantea “fortalecer la autonomía de las universidades” mediante indicaciones a una ley de financiamiento. Esa fórmula es en sí misma una contradicción. Si una institución no puede fijar libremente sus aranceles y vacantes, ¿de qué autonomía estamos hablando? En la práctica, no hay autonomía real cuando el Estado define precios y cupos.

Otro elemento central del acuerdo es el establecimiento de un sistema de copago escalonado. En los hechos, es otra forma de fijación de precios en un sector que, por definición, debe competir por calidad, investigación y capacidad formativa. Si el objetivo del Gobierno es terminar con la competencia en la educación superior, debería decirlo explícitamente, para que podamos debatir el tema. Lo que no corresponde es hacerlo a través de mecanismos indirectos que uniforman valores, reducen la diferenciación y empobrecen el sistema.

Un punto particularmente revelador es que el documento abre la posibilidad de que las universidades establezcan un límite respecto del número de alumnos que ingresan al FES. ¿Por qué una institución limitaría el acceso de estudiantes que cuentan con financiamiento estatal? Es una admisión explícita de que los recursos que provee el FES serán insuficientes para sostener la operación normal de una universidad.

Respecto de las becas, el Acuerdo afirma que “se mantendrán líneas presupuestarias en becas de arancel”. Esa frase parece tranquilizadora, pero es ambigua. Un gobierno podría cumplirla reduciendo significativamente el número de becas actuales, ya que la “línea” presupuestaria, técnicamente, se mantendría. Lo razonable sería comprometer que, como mínimo, el número de becas no sea inferior al otorgado en 2025.

Otro punto que requiere claridad es el de las retribuciones. Hoy el proyecto permite que un profesional, a través del impuesto de 8% a los titulados, pague hasta 3,5 veces el costo de sus estudios en un plazo de 20 años. Modificar esa cifra a tres veces en 15 años no cambia el problema de fondo. Se requiere precisión técnica, simulaciones reales y estándares verificables.

El documento habla también de “estabilidad y previsibilidad” en la regulación de aranceles. La experiencia reciente de la gratuidad, demuestra lo contrario. Las universidades innovan constantemente: cambian mallas curriculares, incorporan tecnología y ajustan contenidos a las demandas profesionales. Además, varias universidades privadas que ingresaron de buena fe a la gratuidad están hoy litigando ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de verse perjudicadas por la fijación de aranceles regulados.

El Acuerdo señala que las transferencias estatales a las instituciones se realizarán “oportunamente”. Que sea necesario explicitar algo tan básico demuestra dos hechos graves. Primero, que hoy no se cumple con regularidad. Segundo, que las finanzas de muchas universidades son frágiles debido a estos retrasos.

Finalmente, el Acuerdo plantea fortalecer el financiamiento basal. Con ello, el Ministerio reconoce explícitamente que los recursos que otorgará el FES serán insuficientes.

Sin embargo, nada de lo anterior resuelve el problema más grave: el Gobierno está intentando reformar el financiamiento de toda la educación superior negociando solo con una parte de las instituciones.

El Acuerdo CRUCh–FES no mejora el proyecto original. Lo maquilla y profundiza sus deficiencias. Chile necesita una reforma responsable y técnicamente seria. Las decisiones apresuradas de hoy tendrán consecuencias por décadas. Por eso, este es un momento para debatir con evidencia y con todos los actores, no para cerrar acuerdos parciales que comprometan el futuro de la educación superior.

Federico Valdés
Rector UDD