Señor Director:

El señor Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, sostiene en carta de ayer que la expropiación del terreno de la toma Centinela sería una respuesta efectiva e innovadora al desafío habitacional de las tomas; sin embargo, ello parece una excepción costosa y difícil de justificar.

Mientras la toma obtendría suelo expropiado, miles de familias llevan años hacinadas o integrando comités de vivienda, ahorrando y “haciendo la fila” sin recibir solución. ¿Cómo se les explica que, con el mismo presupuesto, se privilegie a quienes ocuparon ese terreno?

Además, el argumento de que la expropiación permitiría “recuperar una pieza urbana” resulta débil. El terreno también se recupera si se cumple con el fallo de desalojo y, en este caso, se trata de un paño con clara vocación inmobiliaria, cuyos propietarios ya han manifestado su intención de desarrollar un proyecto. La inversión fiscal no compra planificación, solo reemplaza a un privado por el Estado.

A ello se suma el costo fiscal. Dada la extensión del predio, el monto comprometido es alto —y probablemente mayor a lo anunciado, según tasaciones previas— y se concentra en un caso mediático, reduciendo recursos disponibles para otros campamentos y soluciones habitacionales. Más aún, seguimos discutiendo sobre la propiedad del suelo, no sobre el proyecto. Independientemente de la expropiación, las familias deberán postular a subsidios, compitiendo con otras en una región cuyo presupuesto habitacional ya fue significativamente reducido.

Coincido en que necesitamos mejorar la política habitacional. Justamente por eso, convertir casos puntuales en “soluciones emblemáticas” no parece adecuado, menos aún cuando hay más de 1.400 campamentos en el país.

Ignacio Aravena
Fellow LSE y Fundación Piensa