Señor Director:

Resulta incomprensible y profundamente inquietante que el Gobierno haya iniciado los trabajos de transformación del penal de Punta Peuco, pese a la existencia de dos órdenes de no innovar emitidas por cortes de Apelaciones y órdenes de paralización de faenas emitidas por la Municipalidad de Tiltil. No estamos frente a un matiz jurídico menor: se trata de una desobediencia abierta a resoluciones judiciales vigentes, que debiera alarmar a cualquier demócrata, independientemente de su posición política.

En ese penal sobreviven alrededor de 140 personas de edad avanzada, con un promedio de 86 años, muchas de ellas aquejadas por enfermedades graves y degenerativas, incluso, desconectadas de la realidad. Sin embargo, la autoridad ha optado por avanzar en obras que podrían afectar directamente sus condiciones de vida, ignorando los límites que la justicia ha establecido.

La señal es gravísima: ¿Desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto? ¿Qué queda del equilibrio republicano si el Ejecutivo empieza a operar como si estuviera por encima de los tribunales? Hoy es Punta Peuco; mañana podrá ser cualquier otra materia a través de la cual el gobierno saliente trate de dejar algún tipo de legado, al menos reconocible por su sector.

Rodrigo Cooper Cortés