Fiel a sus principios, la coalición FA-PC gobernante ha intentado y parcialmente logrado expandir el rol del Estado en la economía chilena, desde 2021 y hasta la fecha.

Tanto el programa de gobierno de Boric del 2021 como la propuesta de la Convención Constitucional del 2022 propusieron múltiples formas de estatización y mayores controles de la actividad privada. Algunos ejemplos incluyen la estatización de recursos naturales (derechos de agua, minería del cobre y del litio, pesca y salmonicultura), las sobrerregulaciones económicas, laborales y ambientales, y las nuevas empresas estatales.

En lo que sigue, presento una taxonomía de seis formas de intervención estatal intentadas o legisladas por el gobierno de Boric, identificando algunos casos concretos.

Estatización de empresas privadas

El primer proyecto (rechazado) de ley de reforma previsional (2023-24) proponía la estatización de las AFP y de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). El segundo proyecto de reforma previsional (aprobado en 2025) logró la estatización de la AFC.

Nuevas empresas estatales

La Estrategia Nacional del Litio (2023) llevó a la creación de una nueva empresa mixta de producción de litio, controlada mayoritariamente por las estatales Codelco y Enami. La ley de reforma previsional (2025) llevó a un componente estatal de reparto y otro de préstamo obligatorio al Estado, administrado por el nuevo Fondo de Ahorro Previsional Público (FAPP). El proyecto de ley de Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, AFIDE (en actual trámite legislativo), un banco de inversión estatal, aún podría convertirse en una sociedad anónima mixta, transada en bolsa, con participación privada y de multinacionales.

Sobrerregulación económica del sector privado

Un ejemplo emblemático de la sobrerregulación destructiva de una actividad privada es el proyecto de ley del nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES), en actual tramitación parlamentaria. Este proyecto propone extender el financiamiento estatal de los estudios terciarios hasta el 9º decil de ingresos, fijando aranceles a niveles inferiores a los costos de la educación superior y determinando condiciones que llevarían al cierre de universidades privadas y públicas no estatales. Aún es tiempo para rechazar este proyecto destructivo.

Reforma tributaria expropiatoria

El proyecto de ley de reforma tributaria (rechazado en 2023) elevaba la carga tributaria de personas de altos ingresos hasta un 166% (en su versión inicial), disminuida a un 87% (en su versión “corregida”), que son niveles terminalmente expropiatorios.

Regulaciones laborales

La nueva legislación y regulación de los mercados laborales elevan significativamente el costo de la contratación y reducen el empleo formal, como queda demostrado en un estudio del Banco Central. Ello es consecuencia de las leyes de jornada laboral de 40 horas (2024) y del salario mínimo mensual fijado en $529.000 (2025). La reforma previsional (2025), que, entre otros cambios legales eleva la cotización previsional en un 7,15% adicional, también aumentará el costo de contratación de empleados formales, reduciendo su empleo. El mismo efecto se deriva de las nuevas regulaciones laborales impuestas por la Dirección del Trabajo.

Ineficiente regulación y evaluación ambiental

Una buena y eficiente regulación ambiental es necesaria para proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales del país. Sin embargo, una mala regulación y evaluación ambiental no contribuye a preservar el medio ambiente e inhibe los proyectos de inversión y la actividad privada. La reforma del Sistema de Evaluación Ambiental impone nuevas exigencias de participación ciudadana y revisión de proyectos. El Plan Nacional de Restauración Ecológica impone nuevos requisitos para el uso forestal y agrícola. El Min. de Medio Ambiente declaró 3,9 millones de hectáreas privadas como “sitios prioritarios de conservación”, con restricciones a la actividad económica.

Finalmente, el programa original (el opúsculo de 7 páginas) de la candidata presidencial del FA-PC, la militante comunista J. Jara, sincera la ideología de una coalición política que busca la dictadura del proletariado y la estatización de la economía chilena. Sus propuestas económicas incluyen la expropiación de sectores económicos completos y su reemplazo por nuevas empresas estatales, la sobrerregulación y fijación de precios en otros sectores, un impuesto a los “súper ricos”, y fuertes aumentos al costo de contratación y a las exigencias al empleo formal, que destruirán buena parte del empleo privado que subsistiría a las medidas previas.

Aún es tiempo para derrotar estas propuestas. Nota: revise más contenidos de esta columna de opinión en Economía y Negocios en LinkedIn.