Señor Director:

He seguido con seria preocupación las declaraciones de José Antonio Kast sobre migración. Cuando un candidato afirma que más de 330.000 migrantes irregulares “tienen 133 días para abandonar Chile”, o que quienes no se vayan serán “buscados y expulsados”, no propone una política pública responsable: atribuye sospecha y amenaza a comunidades enteras.

Y cuando exige que cada migrante pague su propio “pasaje de vuelta”, no promueve orden alguno; profundiza la humillación de personas ya golpeadas por el sufrimiento.

Como residente en Chile desde hace casi 18 años y como peruano —dos países que conozco y quiero—, no puedo aceptar soluciones facilistas que suenan “duras”, pero que no resuelven nada en profundidad.

Expulsar en masa, amenazar colectivamente o insinuar que la inseguridad se debe a la sola presencia del extranjero es políticamente conveniente, técnicamente ineficaz y, sobre todo, moralmente indefendible.

Muchos venezolanos en Chile huyeron del colapso provocado por Chávez y profundizado por Maduro, un desastre alentado por la complicidad explícita o silenciosa de un sector importante de la izquierda latinoamericana y chilena —incluyendo a los correligionarios comunistas de la candidata Jara—. Culpar ahora a esas víctimas es desconocer el origen real de su tragedia.

La seguridad es imprescindible. Expulsar a delincuentes y reforzar fronteras es correcto. Pero equiparar migración irregular con delincuencia es un grave error: erosiona la cohesión social, confunde al país y contradice cualquier posición que pretenda llamarse socialcristiana, incluida la que Kast afirma representar.

Ricardo Cubas Ramacciotti
Historiador