Con orgullo, la presidenta del Servel ha destacado la participación récord registrada en la elección del domingo, de un 85,4%, correspondiente a 13.475.457 electores. Probablemente, números similares se repetirán en la segunda vuelta del 14 de diciembre y quien triunfe será el Presidente más votado en la historia de la república. Ello fortalecerá su mandato y contribuirá a consolidar el modelo de inscripción automática y sufragio obligatorio, que ha jugado un papel clave en las elecciones de los últimos tres años.

Dicho modelo debutó, a modo de excepción, en el plebiscito constitucional de 2022. Se ha dicho que fue determinante en el triunfo del Rechazo, pero, aún más relevante que eso, permitió que la decisión más importante a la que se ha enfrentado el país en tres décadas efectivamente reflejara el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos, dotándola de una legitimidad incontrovertible. Gracias a ello fueron derrotadas las pretensiones refundacionales de la izquierda radical y quedó sellada la inviabilidad de proyectos de esa naturaleza.

La experiencia llevó a que el mismo año, expresando un amplísimo acuerdo político, el Congreso aprobara una reforma constitucional que, junto con mantener el sistema de inscripción automática, restableció de modo permanente la obligatoriedad del sufragio. Debe reconocerse que desde entonces el modelo ha logrado revertir los escuálidos niveles de participación que venían erosionando nuestra democracia. En efecto, el experimento del voto voluntario, impulsado en su momento con la idea de vigorizar el sistema político, solo había conseguido debilitarlo, con procesos en los que en muchos casos participaba menos de la mitad y hasta menos del 40% del padrón.

Se han tejido disímiles teorías respecto del impacto político de la obligatoriedad del voto. Por mucho tiempo, la izquierda estimó que le favorecería, pues aseguraría la participación de sectores populares donde supuestamente ellos tendrían predominancia. El plebiscito de 2022, sin embargo, echó por tierra esos cálculos. A partir de allí, una parte de esa izquierda ha buscado relativizar la misma obligatoriedad por la que antes abogaron, poniéndole ahora cortapisas. Ejemplos han sido sus esfuerzos por limitar la participación de ciudadanos extranjeros avecindados y por dificultar el establecimiento de sanciones para quienes no sufraguen, hasta llegar a la vergonzosa discusión de este año sobre el tema, resuelta in extremis, cuando la campaña electoral ya estaba en pleno desarrollo.

Los resultados del domingo agregan ahora complejidad al debate. En efecto, más que favorecer o perjudicar per se a un sector, los votantes “obligados” han emergido como electores desideologizados y a la vez molestos con el actual estado de cosas. De este modo, tal como le entregaron una votación histórica a fuerzas de derecha, también le dieron un sorpresivo respaldo al Partido de la Gente. Mientras, los estudios que se han hecho para caracterizarlos hablan de ciudadanos críticos de la política y aún más del actual gobierno, a la vez que demandantes de soluciones prontas a sus problemas. Quien se imponga en diciembre les deberá parte de su triunfo, pero, si los defrauda, serán probablemente sus más acérrimos opositores.