Aunque es imposible dar por anticipado el resultado de ninguna elección, los números de la primera vuelta han dejado a José Antonio Kast con la primera opción para ganar la segunda, repitiendo el patrón que se ha dado desde 2010, en que cada votación cambia al sector político gobernante. Una serie de factores han confluido para que desde entonces hayan venido arrastrándose problemas que aún permanecen sin resolverse, lo que, sumado a la agudización de la delincuencia y la inseguridad de los últimos años, y el relativo estancamiento económico que continúa frustrando las aspiraciones ciudadanas, hacen necesario y urgente un cambio de rumbo.

El planteamiento que Kast hizo en la campaña le permitiría a un eventual gobierno suyo contar con el mandato para realizarlo. Además, dispondría de casi tres años sin elecciones para comenzar a implementarlo. Sin embargo, llevar adelante una agenda de este tipo supone variadas dificultades. Por de pronto, su gobierno no tendría mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, por lo que requeriría de ductilidad, flexibilidad y pragmatismo para negociar con otras fuerzas las modificaciones legales que se incorporen a esa agenda. Y respecto de aquellas medidas administrativas que no necesiten pasar por el Congreso, especialmente las relacionadas con seguridad, la población tiene altas expectativas de que ocurran con prontitud y eficacia. Cualquier traspié puede afectar la aprobación del mandatario y con ello su capacidad de maniobra.

En ese ámbito, no hay duda de que la ciudadanía espera que un eventual gobierno de Kast actúe rápida y decididamente para impedir que continúe la entrada ilegal de inmigrantes. De esa manera, se constataría que la autoridad vuelve recuperar el control de sus fronteras, cerrando la permeabilidad que hasta ahora las ha caracterizado. También deberá recuperar la soberanía de espacios emblemáticos de la macrozona sur, como Temucuicui, cuyos líderes se vanaglorian de que la autoridad no pueda ingresar allí. Adicionalmente, un nuevo gobierno deberá dar señales claras a los agentes económicos respecto del respeto a la propiedad privada como institución fundamental y de la necesidad imperiosa de modificar la forma en que opera la institucionalidad ambiental —desde una que pareciera buscar razones para obstaculizar los proyectos a una orientada a aprobarlos siguiendo procedimientos reglados—, así como otras medidas que desaten los apetitos por invertir. Todo, con miras a que la economía recupere el dinamismo y el crecimiento, impulse el empleo y la recaudación fiscal, retomando la senda de progreso que el país exige.

En lo legislativo, por la referida falta de mayorías, debería ser especialmente cuidadoso para evitar entrampamientos. A la luz de lo que ha sido la campaña, no debiera haber dificultad para aprobar iniciativas que puedan ser necesarias en seguridad pública, pero en general, en este ámbito lo que el país requiere es capacidad de gestión más que nuevas reformas. En lo económico, en tanto, debiera apuntarse a aquellos proyectos indispensables para reimpulsar la actividad y para sanear las finanzas públicas. La conformación del nuevo Congreso debiera, a su vez, facilitar avances en la tan postergada reforma del Estado, descargándolo del grueso ropaje burocrático que tiende a paralizarlo y terminando con situaciones de abuso. Más complejo puede ser reunir los quorum para las necesarias reformas al sistema político, pero un futuro gobierno debiera estar atento a las posibilidades que en ese sentido se abran. Por cierto, alcanzar logros en materias como seguridad pública y reactivación fortalecerá las capacidades para sacar adelante otras áreas de la agenda.

Todo esto ilustra los importantes desafíos que un eventual gobierno de Kast enfrentaría. No basta con aglutinar el malestar que el actual Gobierno despierta, para tener éxito en tareas como estas. Ello depende crucialmente de la calidad de la gestión, del sentido de urgencia y de la generosidad que se despliegue hacia sectores políticos cercanos en la formación de equipos eficaces.