El sistema de salud debe ocupar un lugar importante en el debate público. No basta con deseos inalcanzables ni promesas de corto aliento haciendo más de lo mismo.

Se requiere una transformación profunda que inevitablemente trascenderá los ciclos políticos.

El diagnóstico es inequívoco: el sistema de salud chileno necesita una reforma estructural que valore los derechos de los pacientes. En primer lugar, es imperativo avanzar hacia un modelo de colaboración público-privada, que garantice el derecho a elegir libremente el sistema de aseguramiento, con un financiamiento mixto que asegure acceso igualitario, oportuno y de calidad. Fonasa debe evolucionar hacia un gran asegurador nacional, abierto a delegar funciones, a mutualizar riesgos con aseguradores e isapres y a promover eficiencia y libre elección.

En segundo lugar, resulta esencial la modernización del Estado en gobernanza, gestión y tecnología. No es aceptable que, pese a un aumento del 400% real del gasto público en las últimas dos décadas, persistan listas de espera, retrasos en tratamientos críticos como el cáncer y una infraestructura hospitalaria subutilizada.

La planificación sanitaria debe considerar tanto la inversión inicial, como los costos operacionales de los establecimientos hospitalarios y ambulatorios, más allá de la construcción de nuevos recintos sin evaluación rigurosa.

Casos como los hospitales Rengo, Melipilla, Institutos de Neurología y del Cáncer, Del Salvador, Antofagasta, entre varios otros con retrasos manifiestos, son un llamado de atención que no puede ignorarse.

En tercer lugar, la excesiva dependencia de los hospitales al Minsal, la politización de los gremios y la falta de gestión deben abordarse con una nueva visión estratégica, multidisciplinaria y respaldada por un marco jurídico moderno. Es imperioso concesionar la gestión de redes hospitalarias y ambulatorias y mejorar las compras públicas, junto a un robusto servicio de telemedicina y un sistema informático interoperable.

Asimismo, aquellos establecimientos que mantengan administración estatal deberán contar con directorios profesionales responsables de rendir cuentas, innovar y atraer inversión.

En materia de licencias médicas, se deberán establecer nuevas normas que desestimulen su uso, involucren al empleador y fortalezcan la institucionalidad del Compin con obligaciones de rendición de cuenta pública del gasto en ese beneficio social.

En cuarto lugar, la prevención y la educación sanitaria deben convertirse en uno de los pilares del sistema, aunque su implementación requiere indefectiblemente un desarrollo simultáneo de la gestión hospitalaria. Proponemos la creación de un sistema nacional preventivo, articulado con otros ministerios (Educación, Transportes y Economía), municipalidades, mutualidades y hospitales, que enfrente desafíos como la obesidad infantil, el síndrome de la drogadicción, accidentes del tránsito, la salud mental y bucal, especialmente en los sectores más vulnerables.

No menos importante es avanzar hacia un nuevo estatuto del trabajador sanitario, que promueva el desarrollo profesional, reconozca el mérito y proteja a los funcionarios de agresiones, aunque asimilado al Código del Trabajo.

En suma, el próximo gobierno deberá garantizar la libertad de elección en salud de sistemas que combinen cobertura universal, protección financiera y equidad, con propuestas de salud basadas en el rigor técnico y económico. No se trata de ideología, sino de coraje y generosidad: coraje para enfrentar a quienes por años han defendido el statu quo y los intereses corporativos, y generosidad para impulsar reformas cuyos frutos serán cosechados por gobiernos venideros.

Rafael Caviedes Duprà
Exdirector de Fonasa

Jaime Calderón Riveros
Ingeniero comercial