En toda empresa, la elaboración del presupuesto para el año próximo es un hito importante. Es el momento en que se definen las prioridades de los meses siguientes, las áreas donde se espera avanzar o donde se debe hacer ajustes, y los espacios de flexibilidad ante contingencias. Dada su relevancia, en este proceso se recaba la mejor información, se pone oportunamente a disposición de los tomadores de decisiones, y se recogen los puntos de vista de expertos y de quienes se relacionan con la organización.

Si en cualquier empresa el presupuesto es tan relevante, cuando se trata de la Ley de Presupuestos del Sector Público lo es más aún. Por algo a esta ley, que se discute año a año en el Congreso los meses de octubre y noviembre, muchos la llaman “la más importante del año”. Con todo, se espera que los elementos mencionados previamente también estén allí presentes: información amplia y rigurosa, transparencia, responsabilidad, realismo y diálogo.

Desde el sector empresarial vemos con preocupación la discusión que ha tenido esta Ley de Presupuestos. Es mucho lo que está en juego y nos afecta a todos los chilenos. Las empresas privadas son un actor relevante en el financiamiento de las arcas fiscales, especialmente a través del pago de impuestos directos, los cuales representaron más de un tercio del total de ingresos del gobierno central en 2024. Además, en un contexto donde las cuentas públicas tienen un margen de acción muy estrecho, los riesgos de insostenibilidad son crecientes, con efectos de mercado que serían negativos para la actividad empresarial al impactar la confianza, el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés y el riesgo país.

Por otra parte, el uso que se dé a los recursos fiscales en 2026 es crucial para generar las condiciones habilitantes —infraestructura, seguridad, modernización del Estado, entre otras— que permitan impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo.

En estos días han aparecido elementos que siembran preocupación en el resultado final de la discusión presupuestaria. Entre los expertos persisten dudas sobre cómo cerrará finalmente el déficit fiscal en 2025, sobre una posible nueva sobreestimación de los ingresos en 2026, sobre un gasto que privilegia el componente corriente en desmedro del de capital, el riesgo de un mediano plazo sin holguras y, en línea con el Consejo Fiscal Autónomo, inquieta la elevada probabilidad de cruzar el umbral prudente de deuda de 45% del PIB.

Sumado a lo anterior, se han adoptado medidas que han dificultado la discusión de un presupuesto que será ejecutado por otra administración. Muchas de ellas han tomado como base al informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, la cual ha manifestado ciertos reparos en la forma y alcance con que se han adoptado algunas de sus recomendaciones.

Por otra parte, se han eliminado espacios de flexibilidad históricos, como la “glosa republicana”, al tiempo que se han sembrado dudas sobre la existencia o no de recursos suficientes en la provisión de cara a la discusión del reajuste salarial de los funcionarios públicos.

Que todo esto esté ocurriendo en medio de un año electoral, donde hemos sido testigos de una de las discusiones presupuestarias más álgidas en mucho tiempo, que derivó en un rechazo generalizado de la mayoría de las partidas en la Comisión Mixta de Presupuesto ante exigencias de mayor claridad y transparencia por parte del Congreso, enciende aún más las alertas.

Para lograr un presupuesto público que nos ubique en una senda fiscalmente sostenible y, por sobre todo, que genere las condiciones necesarias para retomar el crecimiento —con una eventual rebaja de impuestos corporativos—, es indispensable que en las semanas que quedan de discusión, el proceso se desarrolle con la máxima transparencia, rigor y disposición al diálogo, priorizando el bien de toda la sociedad por sobre intereses particulares. Sabemos que las necesidades de las familias chilenas son múltiples y los recursos son escasos, por lo que proyectar y gestionar responsablemente los fondos públicos es una obligación ineludible a la cual todos estaremos atentos.
Susana Jiménez
Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio - CPC