Señor Director:

Este domingo 9 de noviembre se cumplen tres años desde que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió $1.683.788.000 a la fundación Procultura, entonces dirigida por Alberto Larraín, quien a la vez ejercía como uno de los directores de la Corporación Regional, para ejecutar un proyecto de salud mental.

Hoy, más de mil millones de pesos desaparecieron y no fueron rendidos, y lo que es aún peor: no hay un solo formalizado.

Los antecedentes son públicos y escandalosos. Según informes de fiscalía y reportajes de prensa, el señor Larraín se pagó a sí mismo un sueldo, arrendó con esos fondos la casa de su padre en Limache —utilizada para la campaña de su pareja—, viajó en clase business con su familia y su empleada doméstica a Isla de Pascua, e incluso invirtió parte de los recursos en fondos mutuos. Todo eso supuestamente con dinero destinado a la salud mental de los vecinos de la Región Metropolitana.

Pese a la magnitud del caso, nadie ha asumido responsabilidades. Ni el Consejo de Defensa del Estado, que concluyó que “no hubo delito”, ni la autoridad regional ni el Ejecutivo han actuado activamente contra Larraín y quienes están involucrados. ¿De verdad no les importa que se hayan perdido más de mil millones de pesos públicos?

El caso Procultura es un símbolo de impunidad y desidia frente al uso de fondos regionales.

Antes de votar, invito a los ciudadanos a revisar qué opinan y cómo actuaron sus candidatos y partidos sobre este tema, porque la probidad no se declama: se demuestra con acciones.

Álvaro Bellolio A.
Consejero Regional Metropolitano