La gestión presupuestaria de este Gobierno se ha caracterizado por la irresponsabilidad, que ha derivado en insostenibilidad de las finanzas públicas. El sistemático incumplimiento de sus propias metas para el déficit estructural en todos los años 2023-2025 y en cada uno de los cuatro trimestres más recientes es consecuencia de una sobreestimación continua de los ingresos públicos y una falta de voluntad sistemática para controlar el creciente gasto público por el Ministerio de Hacienda (MH).

El proyecto de ley para el Presupuesto 2026 presentado por el MH al Congreso es particularmente irresponsable (y por eso la meta de balance fiscal para 2026 será incumplible) por seis razones.

1. Deja al siguiente gobierno la tarea de realizar los ajustes fiscales que este Gobierno no quiso implementar: propone reducir año por año el actual déficit estructural de 2,2% (que probablemente no va a cumplir en 2025), hasta llegar a un equilibrio fiscal (déficit cero) en 2030. 2. Deja un primer regalo envenenado al siguiente gobierno: congelamiento de remuneraciones de todos los empleados públicos, con la consiguiente huelga indefinida de la ANEF en 2026. 3. Segundo regalo envenenado: eliminación de la “glosa republicana” (fondos libres disponibles para el siguiente gobierno), sustituida por la opción de reasignación de gastos por 1% del gasto total (con el costo político de tener que reducir gastos en glosas aprobadas por este presupuesto). 4. Tercer regalo envenenado: deja US$ 550 millones para la reconstrucción pendiente de viviendas en Viña del Mar bajo la línea y no como parte del gasto fiscal. 5. Probablemente los ingresos públicos para 2026 estén nuevamente sobreestimados. 6. La composición del gasto fiscal es irracional: por ejemplo, hay aumentos injustificados en cultura y en vivienda, y cortes injustificados en policías y en educación.

El pésimo legado fiscal de este Gobierno no se refleja solo en el incremento sistemático de la deuda pública del gobierno central. Además aumentan sistemáticamente las deudas de empresas públicas y las del MH con servicios públicos (como el Ejército) y con proveedores privados (como las deudas del Minvu). Todo lo anterior hará muy difícil cumplir con la meta de reducir el déficit estructural de 2025 a la mitad en 2026. La falta de transparencia en estas deudas agrava la pérdida de credibilidad fiscal.

El diagnóstico anterior es compartido por instituciones, comisiones y el FMI, quienes han formulado propuestas de ajustes fiscales y reformas del Estado para que Chile retorne a una senda fiscal sostenible. Primero, no existe memoria de informes tan lapidarios en sus conclusiones, basadas en un análisis técnico riguroso, como los que ha publicado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en sus informes de este año. En su informe del 15 de octubre, el CFA presenta 15 insistencias de recomendaciones previas (no abordadas por el MH) y 11 nuevas recomendaciones para el presupuesto 2026 y la institucionalidad fiscal. Segundo, el informe de la Comisión Asesora para Reformas al Gasto Público (sept. 2025) presenta 34 propuestas, y casi ninguna de ellas se ha implementado en el Presupuesto 2026. Tercero, el FMI propone reducir el déficit estructural en 1,5% del PIB hasta 2029.

Si el siguiente gobierno implementare una senda de ajuste fiscal, reduciendo el déficit estructural gradualmente, desde el nivel promedio de 2,7% del PIB promedio en 2023-2025 hasta alcanzar un 1,0% desde 2030 en adelante, la relación deuda/PIB aumentará a 47% del PIB en 2030 y a 61% en 2050 —una senda aún insostenible. En cambio, si la senda fuere más ambiciosa, acorde con la propuesta de este Gobierno para el próximo, se alcanzaría un balance cero en 2030, estabilizando la relación deuda/PIB en 44% del PIB a partir de 2030.

¿De qué orden se proponen las reducciones futuras de gastos fiscales? La candidata presidencial E. Matthei plantea un menor gasto fiscal por US$ 2.000 millones en 2026-29, mientras que el candidato J.A. Kast proyecta reducir el gasto en US$ 6.000 millones en 2026-27.

Además de un ajuste fiscal importante, el Estado de Chile —hipertrofiado y/o ineficiente en muchas funciones, agencias y programas; ausente en muchas otras tareas esenciales— requiere de reformas estructurales mayores. Es de esperar que el siguiente gobierno implemente una agenda de 10 reformas a través de actos administrativos y cambios legales.