Señor Director:

En relación con el contenido del editorial publicado el domingo en este medio, sobre la “controversia por áreas protegidas”, es fundamental contextualizar el propósito y la importancia de la Ley 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Antes de su aprobación, la regulación de estos ecosistemas era fragmentada, lo que generaba vacíos normativos e incertidumbre tanto en la protección ambiental como en los sectores productivos. Precisamente, el objetivo de esta nueva institucionalidad es superar esa dispersión, brindar certeza jurídica y establecer reglas claras que orienten el uso sostenible del patrimonio natural. Por lo tanto, lejos de constituir una “pesada carga” para el país, el SBAP representa un avance al hacer más eficaz y eficiente la gestión estatal mediante el ordenamiento, la planificación y la transparencia normativa.

Esta ley no surgió de la improvisación; su tramitación fue el resultado de más de una década de debate parlamentario y técnico, en el que participaron gobiernos de diversos signos políticos y hubo una activa participación ciudadana. La normativa es fruto de un proceso plural y sustantivo, y cualquier ajuste debe concentrarse en su implementación, no en deslegitimar su origen, que no responde a un voluntarismo regulatorio.

La creación del SBAP también responde a la necesidad de cumplir compromisos internacionales asumidos por Chile, especialmente luego de su ingreso a la OCDE, que exigía fortalecer la institucionalidad ambiental y contar con un marco eficaz y moderno para la protección de la biodiversidad, una tarea pendiente y largamente esperada. La conservación ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, sino un requisito indispensable para garantizar la sustentabilidad a largo plazo. Cuidar nuestro patrimonio natural requiere el mismo rigor y compromiso que se exige en el crecimiento económico.

Alfonso de Urresti
Senador de la República de Chile
Presidente de la comisión de Medio Ambiente