Instalar un banco de desarrollo —o una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), según la denominación que finalmente le dio el Ejecutivo— era parte de la plataforma programática original de este Gobierno. Su tramitación ha avanzado sin generar demasiada atención, pero ya se encuentra en la comisión de Hacienda del Senado, tras haber sido aprobado por la Cámara. Una iniciativa como esta debe analizarse tanto en su propio mérito como desde sus implicancias fiscales.

Desde luego y desde una perspectiva exclusivamente técnica, resulta difícil argumentar en favor de la creación de un banco de estas características en un país con un importante desarrollo de mercado de capitales. Más aún, frente a circunstancias donde puedan existir fallas de mercado, ya hay numerosos programas —principalmente por la vía de la Corfo— para el apoyo a emprendedores y para la provisión de garantías estatales al financiamiento privado. No existiendo una celosa evaluación de la rentabilidad social de esos programas, es difícil validar, además, el avance en un proyecto que crea una nueva institucionalidad para hacer, en la práctica, lo mismo que ya hace Corfo.

Idea diferente es la que subyace a la visión económica que planteó el Presidente Boric como candidato, reflejada en sus referencias a la economista Mariana Mazzucato, argumentando que grandes inversiones de largo plazo estarían fuera del alcance del sector privado —tanto por su horizonte como por los riesgos involucrados, así como por sus montos—, debido a lo cual se necesitarían aportes del Estado para ayudar a financiarlas. No parece, sin embargo, corresponder a las posibilidades de Afide esa estrategia, pues —entre otras razones— nuestro Estado no tiene la capacidad financiera para comprometer recursos demasiado cuantiosos, ya sea directamente en forma de capital o, de manera contingente, como garantías.

Este último punto es especialmente relevante. Y es que el proyecto de banco de desarrollo genera importantes riesgos fiscales. El aumento de la deuda pública en los últimos años ha estado en buena medida determinado por gastos “bajo la línea”, esto es, aportes a instituciones públicas que no se contabilizan en el déficit fiscal. La creación de esta Agencia corre el riesgo de hacer crecer aún más los compromisos de deuda del Estado de Chile, tanto por la necesidad de aportar capital a la institución como por la garantía estatal en la que se deberá incurrir, a efectos de financiar una nueva entidad que, por definición, actúa con altos grados de apalancamiento.

En este caso, no se trata de que se requiera más tiempo para avanzar en una iniciativa así. Se trata de que la idea de un banco de desarrollo no está bien justificada, no existe un plan de negocios que la valide y los recursos requeridos no están disponibles.