La implementación de la Ley 21.600, de 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está mostrando desde sus inicios problemas debido a la forma en que quedó redactada esa normativa, y está poniendo en conflicto a los sectores ambientalistas con ciertos gremios productivos.

Esta ley, extensísima en sus artículos e insuficientemente precisa en sus alcances, ilustra con claridad la intención de sus redactores. Junto con indicar lo que hay que proteger y conservar —diversidad biológica y el patrimonio natural del país, mediante la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas—, no se hace cargo de las posibles interferencias que ello pudiera tener con el uso de los recursos naturales que sectores productivos tengan y proyecten tener en el futuro, imponiendo una pesada carga al desarrollo del país, en momentos en que hay conciencia de la importancia de retomar una senda de crecimiento económico que permita resolver los problemas que arrastra.

Sus artículos están orientados a detectar una multiplicidad de zonas que debiesen ser protegidas, sin indicar a partir de qué umbral el impacto que pudiesen recibir por la actuación humana las hace merecedoras de tal protección. Ello quedará librado a los criterios de funcionarios o equipos expertos, cuyo sesgo proteccionista ya es suficientemente conocido por la ciudadanía. Adicionalmente, puede otorgar derechos especiales a comunidades indígenas sobre territorios que estos declaren que tienen un especial significado para ellos, con lo cual extiende los problemas que al respecto está provocando la Ley Lafkenche, desde zonas costeras a otras interiores. La ley también crea un enorme aparato burocrático —nacional y regional, pero que puede extenderse a lo provincial, municipal y local—, cuyos objetivos serán estudiar los territorios y determinar nuevas zonas de conservación. De esta manera, aunque bajo una mirada ingenua, la ley parece correctamente orientada —si bien ambigua en su precisión— en la pugna de poder en la que están empeñados los grupos ambientalistas más radicalizados, esta ley les confiere poderosas herramientas para lograr sus objetivos.

Esto ya se está viendo al momento de darse a conocer las 3,9 millones de hectáreas de áreas protegidas que propone declarar el Ministerio del Medio Ambiente, pues dichos grupos consideran que no han sido suficientemente consultados y que estas deberían ser extendidas, y, en cambio, gremios como el minero y el agrícola se quejan de que hay áreas de actual o potencial actividad que caen bajo dicha protección.

Será necesario que el próximo gobierno examine la ley y determine la necesidad de introducir correcciones a su alcance y modo de operar, de modo que no se transforme en un nuevo freno para el desarrollo del país.