Señor Director:

Desde hace años observamos una tendencia preocupante: frente a cada problema o desafío social, el Estado impone a los colegios nuevas exigencias, sin que estas vayan acompañadas de los recursos y apoyo necesarios para cumplirlas. El resultado ha sido la sobrecarga administrativa de la labor directiva y el deterioro en las condiciones para la enseñanza.

Lamentablemente, un nuevo episodio se suma a esta lista. Con la aprobación de la reforma de pensiones, el Gobierno se comprometió a reajustar las subvenciones escolares para financiar el alza en la cotización previsional de los profesores. Esto, en un contexto en que los colegios subvencionados tienen prohibido cobrar o aumentar el copago a las familias. Pues bien, a la fecha dicho compromiso se ha incumplido, en circunstancias que las cotizaciones aumentaron en 1 punto desde agosto.

Peor aún, el presupuesto 2026 presentado por el Gobierno tampoco contempla el reajuste necesario para sostener y aumentar las cotizaciones el próximo año. El gasto real en subvenciones, de hecho, se reducirá en $392 mil millones. ¿Es razonable que, siendo el alza en la cotización una obligación legal, el presupuesto 2026 no contemple los recursos para costearla?

No sabemos si se trata de una decisión deliberada para reducir artificialmente el déficit fiscal o si es mera desidia. Como sea, la consecuencia es la misma: una vez más, los colegios deben asumir los costos de la improvisación, golpeándose a la larga donde más duele, a los niños y sus aprendizajes.

María Paz Arzola G.
Libertad y Desarrollo
María Teresa Romero A.
Escuelas Abiertas