Un error de cálculo forzó la salida del ministro de Energía la semana pasada. El error se arrastraba desde hace años, pero no había sido advertido hasta ahora, cuando se le dio una dimensión de más de US$ 100 millones. Atizado por el poco transparente manejo del Gobierno y por la coincidencia electoral, el escándalo ha dado lugar a todo tipo de reacciones. Pese a ello, un informe reciente de una consultora respetada sostiene que, hasta el momento, la suma efectivamente pagada de más por los consumidores sería de solo un 2% de esa cifra, lo que a su vez abrió una controversia con el Gobierno. Todo esto habla, en definitiva, de cómo sucesivas reformas y ajustes han complejizado al extremo los procedimientos tarifarios y generado así un campo fértil para la confusión.

El error se originó en los decretos de Precios de Nudo Promedio (PNP) que usan las distribuidoras para determinar el valor de los consumos de sus clientes regulados. La firma de estos decretos suele retrasarse por razones políticas. Cuando esto ocurre, hay diferencias entre lo que pagan los clientes y lo que deberían haber pagado. Estas se trasladan a las cuentas eléctricas de la siguiente fijación de PNP, y los montos se reajustan por IPC y por intereses. El punto crítico es que en la fijación de enero de 2024 se hizo este ajuste usando el IPC y la tasa de interés corriente, lo que en realidad significaba aplicar el IPC dos veces. Este error conceptual existía, en rigor, desde 2017, pero su aplicación no había impactado a los consumidores porque los precios estuvieron estabilizados entre 2019 y 2024.

Dicha estabilización creó un saldo a favor de las empresas de generación de US$ 6.000 millones, con diversas leyes que fijaron distintos sistemas de ajustes y de repago. Según el informe de la consultora, gran parte de esa deuda está expresada en documentos de pago que el Gobierno entregó a las generadoras, las que los habrían vendido a instituciones financieras y que comenzarían a cobrarse en 2028. En este contexto, el error solo habría tenido efectos sobre los consumidores cuando los precios se descongelaron y, así, los cobros en exceso se limitarían por ahora a tres meses, con un sobrepago acumulado de US$ 2 millones; realizando los ajustes para corregir lo ocurrido, se podría evitar que tal cifra siga creciendo. En cualquier caso, se ha sumado, a este, otro error, esta vez de la empresa de transmisión Transelec, que sobrevaloró sus activos para el cálculo de tarifas. Son otros US$ 100 millones en que se reducirían las cuentas de los clientes. El problema es que estos últimos, a su vez, mantienen una deuda con las empresas de distribución de entre US$ 600 y 800 millones, por el retraso de casi 4 años en aplicar el decreto tarifario 2020-2024. Por razones obvias, el Gobierno parece empeñado en efectuar cuanto antes la rebaja asociada a los US$ 200 millones y dejar para la próxima administración el alza correspondiente a la deuda con las distribuidoras. Mientras, algunos líderes de opinión han llegado a plantear la supuesta necesidad de corregir la UF, por el efecto inflacionario que habrían tenido estos errores. Ello omite que el congelamiento de tarifas durante más de cuatro años ha tenido un efecto casi 60 veces mayor en reducir artificialmente la inflación y por lo tanto la UF.

Más allá de eso, el caso evidencia la necesidad de repensar los procedimientos tarifarios. El cálculo de los precios de nudo debería ser un simple promedio ponderado. Sin embargo, se ha complejizado porque es un promedio de licitaciones de energía de distintos años, con distintos procedimientos de indexación por tecnología. A esto se agrega el efecto de recargos por emisiones, subsidios cruzados entre comunas y localidades, y mecanismos de equidad tarifaria. Más aún, se deben incorporar los efectos de las leyes que fijaron tarifas entre 2019 y 2024. Eso explica la complejidad del Decreto de PNP: sin anexos, tiene 173 páginas, con más de 100 páginas de tablas en fuente diminuta, lo que hace altamente compleja su comprensión, incluso para los especialistas. Este cambio debería ser parte de una reforma general de la institucionalidad, los mercados y las formas de regular el sector.