Su padre era obrero de la construcción; su madre, profesora normalista. Ambos se conocieron en Angol y se trasladaron a la capital en búsqueda de mejores oportunidades. Su infancia transcurrió entre barrios populares de Santiago y el litoral central, donde su madre fue destinada a un colegio en El Quisco. Antes de iniciar la enseñanza media, su familia regresó a Santiago. Vivió en Conchalí y Maipú. En su tiempo libre ayudaba a su madre a vender ropa y pinches en la feria. Estudió en el Liceo Miguel de Cervantes, en pleno centro. Ahí conoció a quien más tarde sería su esposo —hoy un mayor de Carabineros retirado—, cuando ambos cursaban tercero medio. Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Luego de titularse, ingresó al Estado. Ahí ha desarrollado toda su carrera.

Con esta trayectoria, seguro que no estará en las listas de amistades de gran parte del público de Enade, pero igual este la aplaudió con entusiasmo. Dorothy Pérez, la primera mujer en dirigir la Contraloría General de la República, fue la estrella incuestionable del encuentro empresarial de este año.

¿Qué dijo Pérez para provocar tal avalancha de simpatía? Básicamente, que aplicaría y haría aplicar activamente la ley conforme a su espíritu; que identificaría y denunciaría a quien la vulnerara, caiga quien caiga, y que para este fin usaría toda la tecnología disponible, pese al escaso presupuesto de la Contraloría. Aplausos de pie. La misma audiencia, curiosamente, minutos antes había celebrado a Mario Kreutzberger cuando dijo que, mientras en Estados Unidos y Europa “el éxito es público y se comparte con todo el mundo”, en Chile es íntimo y callado porque se dice que “después vienen de Impuestos Internos”. Es una inclinación muy humana: defender los valores cuando se aplican a otros, y buscar excusas cuando toca aplicarlos a uno mismo.

Dorothy Pérez cerró su presentación con un sentido homenaje a los funcionarios públicos que cuidan a la población en los más diversos ámbitos —salud, educación, catástrofes, Gendarmería, protección policial—. Un gesto nada trivial en momentos en que se ha llegado a proponer una agencia externa para auditar al sector público “escritorio por escritorio” y eliminar cien mil puestos que cumplirían funciones superfluas que abultan indebidamente el erario fiscal.

Estamos acostumbrados a que, periódicamente, estallen olas volcadas a reducir el Estado. Surgen en coyunturas donde está en entredicho su probidad, como en los casos “Coimas” y “MOP-Gate” en 2002. Esa vez el gobierno de Ricardo Lagos y la oposición —liderada por Pablo Longueira— acordaron una reforma para profesionalizar la gestión pública, aprobada por la unanimidad del Congreso. Así nacieron el Servicio Civil, con la misión de modernizar el empleo público basándose en criterios de mérito, transparencia y eficiencia, y el Sistema de Alta Dirección Pública, que selecciona directivos mediante concursos abiertos. Ambos están gobernados por un cuerpo colegiado autónomo y pluralista, con cuatro consejeros designados por el Presidente y ratificados por el Senado.

Entre 2022 y 2025, el nuevo sistema ha ofrecido 113.384 vacantes y recibido casi seis millones de postulaciones. En el mismo lapso realizó 1.355 nombramientos de altos directivos públicos —un 28 por ciento mujeres—, con 128 postulaciones promedio por concurso. Como se ha reconocido internacionalmente, el Servicio Civil se ha consolidado como pilar de la profesionalización del Estado chileno

¿Está todo bien? Por cierto que no. Un estudio de la OCDE de 2024 revela que la confianza en el gobierno nacional y el servicio civil en Chile es considerablemente inferior al promedio del organismo. Por lo mismo, es valioso que el tema haya ingresado al debate presidencial. Habrá que decidir, sin embargo, si se opta por la estrategia de estigmatizar y someter a sospecha a todo funcionario público, o si se profundiza el camino institucional trazado en 2003, con liderazgos que sigan la huella de Dorothy Pérez.