Señor Director:

El proyecto de ley de presupuestos 2026 nos sorprende con una nueva glosa que establece que todas las instituciones de educación superior deberán remitir semestralmente al Ministerio de Educación y al Congreso “la nómina anonimizada del personal académico y directivo, indicando (…) la remuneración mensualizada en cada caso”.

Al respecto, cabe preguntarse por la verdadera intención del Ejecutivo al presentar esta glosa. Claramente no se busca fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, pues esa es una atribución de la Superintendencia de Educación Superior, la que por lo demás ya cuenta con buena parte de esa información. Así las cosas, no cabe más que pensar que ello obedece al mero afán de poner un punto político en la tramitación del mencionado proyecto de ley, a sabiendas de que oponerse a la glosa será políticamente incorrecto, dada la acusación de falta de transparencia que seguramente se esgrimirá.

El problema, sin embargo, es que esta glosa afecta algo esencial y de principios: la autonomía que tienen las instituciones de educación superior “para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa”, tal como lo establece la propia ley 21.091, de educación superior.

Con esta glosa, en suma, el Ministerio de Educación no solo está socavando un principio esencial del Sistema de Educación Superior, consagrado específicamente en la norma, sino que nuevamente deja en evidencia su intención de afectar a las instituciones de educación privadas (las estatales ya publican esta información por ley de transparencia), lo que no hace más que confirmar su animadversión hacia ellas.

Juan Eduardo Vargas D.
Rector Universidad Finis Terrae