Pese a los cambios en las formas de consumo audiovisual, la franja de propaganda electoral por televisión abierta sigue jugando un papel relevante en las campañas. El hecho de ser transmitida en cadena le garantiza sintonía, y se ha generado además una sinergia, donde los comandos utilizan las redes sociales para anticipar o replicar piezas de la franja, logrando su viralización. Se trata de una dinámica cómoda para el mundo político y tal vez ello explique el escaso debate crítico respecto de un modelo que se acerca a cumplir cuatro décadas sin mayores cambios. Esa discusión, sin embargo, resulta pertinente.

Desde luego, basta mirar la franja que se transmite por estos días para advertir, una vez más, su escaso aporte al objetivo de un voto ciudadano informado. En el pasado reciente, la situación llegó a niveles extremos, como el de la infame franja de la Lista del Pueblo para la elección de convencionales, que se permitía festinar con la muerte del Presidente de la República. Esta vez, no se han visto abusos de esa naturaleza, pero la oferta que entrega el espacio no es precisamente memorable. Desde sketches hasta pegajosos jingles y propuestas reducidas a un listado de eslóganes, su apuesta es la de lograr una identificación emocional con el espectador, mucho más que contribuir a una decisión razonada. Ello es legítimo y además habitual en la comunicación política, pero cabe preguntarse si se justifica imponer una cadena nacional para asegurar que esos contenidos sean vistos.

En sus orígenes, en un escenario mediático muy distinto y donde la televisión recién volvía a abrirse a la política, la franja permitió asegurar condiciones de equidad básica en las campañas. Hoy, sin embargo, la televisión abierta es apenas una de las muchas formas de acceder a contenidos audiovisuales, al tiempo que los canales destinan regularmente espacios a la cobertura política, incluidas entrevistas y programas de debate que permiten el escrutinio de quienes postulan a cargos de representación. Pero, además, a diferencia de lo que ocurría hace 40 años, hoy existe toda una normativa sobre gasto electoral y un generoso sistema de financiamiento público para partidos y campañas (en total, casi $75 mil millones en el proyecto de Presupuesto 2026), el que precisamente fue diseñado buscando garantizar un piso básico de igualdad competitiva. En esas circunstancias, la fórmula de seguirle imponiendo a una industria que vive complejos momentos económicos la carga de ceder gratuitamente sus espacios para la franja resulta a lo menos redundante. ¿No tendría mayor sentido que fueran esos aportes públicos los que financiaran la contratación de propaganda, sin la coacción que significa una cadena obligatoria? Por cierto, puede haber distintas posiciones al respecto, pero es sorprendente que el tema hoy ni siquiera sea objeto de debate.