Un nuevo aniversario del 18 de octubre encuentra a Chile con una renovada perspectiva, a pocas semanas de una elección presidencial donde todo sugiere que quienes apoyaron la “revuelta” enfrentarán una dura derrota. Fue a partir del plebiscito de septiembre de 2022 cuando la mayoría de la población expresó su rechazo a la violencia y el destrozo, y desde entonces el país ha ido convergiendo a una nueva realidad en el ámbito económico. Se observa así, en algunas dimensiones, una normalización y un retorno a patrones previos al estallido, pero inocultable es también la persistencia de heridas profundas que han dejado complejas consecuencias institucionales y fiscales.

En efecto, el estallido de 2019 ha condicionado de manera importante la política fiscal. Por ejemplo, y más allá de las necesarias ayudas que requería la pandemia, los montos y extensión de los aportes del fisco vía Ingreso Familiar de Emergencia serían inentendibles sin considerar la debilidad en que se encontraba la administración Piñera y la agresiva línea asumida por la entonces oposición. Y es que si bien el rápido aumento de nuestra deuda pública tiene una causa directa en el covid, su causa mediata la encuentra en un escenario de tensión política que puso bajo amenaza de destitución al propio Presidente. Esa misma fragilidad explica en parte la aprobación de los retiros previsionales por el Congreso, los que tendrán un efecto negativo permanente en las pensiones de los chilenos. Iniciativas que en parte buscan paliar aquello —como la reforma previsional y la PGU— significan importantes costos fiscales.

Otro efecto derivado del estallido ha sido la significativa salida de capitales desde el país. La modificación en los portafolios de inversionistas hacia una mayor participación en activos externos difícilmente será revertida en un plazo razonable. Y es que si bien se ha detenido, no se ha revertido, y todavía repercute sobre un peso persistentemente depreciado.

Estas han sido consecuencias concretas del 18 de octubre. Sin embargo, hay aspectos más difíciles de medir, como el fuerte aumento en la incertidumbre y la pérdida de rigurosidad en el debate de políticas públicas. En este sentido, la instalación de un discurso sobre supuestos abusos generalizados sentó las bases para reformas cuyos efectos sobre el crecimiento y los incentivos han sido profundamente negativos. Ejemplo máximo fue la rechazada propuesta de la Convención, pero aunque esa incertidumbre constitucional no está ya presente, todo parece indicar que la visión allí reflejada sigue formando parte de la plataforma de un significativo sector de la izquierda gobernante. Y mientras eso sea así, es difícil que la incertidumbre y el riesgo de las políticas populistas desaparezcan de escena.