La protección de la biodiversidad es un imperativo para el desarrollo sostenible de Chile. Por ello, valoramos un marco normativo que resguarde nuestros ecosistemas. Sin embargo, la forma apresurada como se están elaborando los reglamentos de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (conocida como SBAP), sin involucrar y escuchar a todos los actores, amenaza con transformar una buena política pública en un obstáculo desproporcionado para las principales actividades económicas del país.

En el caso de la minería chilena, ha quedado demostrado que es posible desarrollar actividad productiva con altos estándares ambientales. Hemos impulsado prácticas responsables y tecnologías limpias que compatibilizan nuestras operaciones con ecosistemas de alto valor natural. No obstante, hoy enfrentamos una amenaza real: reglamentos que están excediendo lo aprobado por el Congreso y que están incorporando extensas superficies como “sitios prioritarios”, afectando gravemente derechos preexistentes de pequeños y medianos productores mineros, y al progreso económico del país.

Hemos identificado 301 instalaciones mineras dentro de los sitios prioritarios propuestos por el gobierno, sometidos a consulta pública. Solo en la macrozona norte se ven comprometidas 4.211 concesiones, que abarcan el 60% de la superficie total de sitios prioritarios en esa zona. Esto ha generado un clima de incertidumbre en un sector que es motor económico y fuente de empleo en múltiples comunidades locales.

No cuestionamos la importancia de la biodiversidad; lo que objetamos es una implementación que parece olvidar que la seguridad jurídica es condición esencial para la sostenibilidad de los sectores productivos. Es razonable establecer condicionamientos ambientales, pero se está desconociendo que gran parte de los sitios declarados hoy como prioritarios ya cuentan con actividad minera previa, autorizadas para el desarrollo productivo, cumpliendo con los más altos estándares.

Esto también impacta sobre sectores como el energético, la agricultura, la construcción, la industria forestal, la pesca y la salmonicultura, entre otros, ampliando la incertidumbre económica en territorios donde estas actividades coexisten.

Chile debe aspirar a un desarrollo verdaderamente sostenible, que armonice la conservación con el progreso. ¿Se imagina Chile sin minería, sin salmonicultura, sin sector forestal o sin pesca? Lo que está en juego no es solo la continuidad de una industria, sino la viabilidad del modelo de desarrollo que ha permitido al país avanzar en bienestar, infraestructura y oportunidades.

Esperamos que el Ministerio de Minería, con quien compartimos el objetivo de fomentar esta industria, nos acompañe activamente en esta preocupación y promueva que los reglamentos sean discutidos con transparencia, amplitud, sin apuros e involucrando a todos los actores en su análisis, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Lo peor que podría ocurrir sería firmar apresuradamente decretos de amarre, muy difíciles de corregir después, debilitando el desarrollo económico y social del país.

Estamos plenamente disponibles para aportar con propuestas y antecedentes técnicos que fortalezcan esta discusión. Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo. La historia de nuestra minería demuestra que el cuidado ambiental y la actividad productiva pueden coexistir armónicamente. Ese equilibrio, virtuoso para el país, es el que hoy debemos preservar con una implementación sensata y proporcionada de la Ley SBAP.

El futuro de miles de familias y comunidades depende de ello.

Jorge Riesco
Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)