Un ajuste de gasto fiscal es necesario por varias razones. Los impuestos corporativos quedaron altos y están afectando la inversión, por lo que, en un contexto de cuentas fiscales apretadas, es necesario bajar el gasto para hacer espacio a un menor impuesto a las empresas. Además, hay un déficit escondido, porque los ingresos están sobreestimados, lo que podría requerir, por esa sola razón, un ajuste de más de 1.000 millones de dólares. Las necesidades nuevas —como gastar en seguridad— son muchas, y exigen revisar a la baja gastos superfluos, mejorar la eficiencia del sector público y eliminar las rendijas para los pillos.

¿Dónde y cuánto recortar? Cualquier lógica de presupuesto base cero requiere evaluar la rentabilidad de todos los programas. Argumentar que el gasto social es intocable es desconocer que estos programas también deben estar sujetos a métricas de retorno social. La gran mayoría de los programas no han pasado por un filtro de razonabilidad económica mínima. Por ejemplo, los casi 500 millones de dólares que se destinan anualmente a Capacitación y Formación Laboral no tienen evaluación de la Dirección de Presupuestos, así como tampoco la tienen los casi 100 millones de dólares destinados a becas para estudios en el exterior. Y son numerosos los programas de apoyo productivo del Ministerio de Economía y de Corfo con evaluaciones muy superficiales.

Por cierto, la capacitación laboral y las becas de estudio en el exterior son importantes, así como el apoyo a emprendedores, pero los cuantiosos recursos asignados a estos programas deberían ser filtrados con criterios exigentes. Cortar por cortar es una mala estrategia y no es realista, pero las condiciones actuales sugieren que hay que poner todo sobre la mesa y promover un proceso de simplificación masivo en la manera como se administra el Estado. Es difícil anticipar el resultado, pero esa es la gracia; el espacio vendrá de los programas que no dan el ancho.

Este asunto no es solo de recursos, sino también de estructura e incentivos. Algunas reparticiones estatales están enquistadas de un sesgo paralizante, deteniendo inversiones o extendiendo sus plazos de aprobación ya sea con un objetivo ideológico o simplemente por la lógica burocrática predominante. En algunos servicios, la indolencia es simplemente inaceptable. Como nos enseña la primera Ley de Newton, para mover un objeto en reposo se requiere una fuerza externa que actúe sobre él, y mientras mayor sea la inercia o resistencia del objeto, mayor es la fuerza que debe aplicarse. Por eso, el principio de realismo político debe aprender de la física, no agregando más resistencia a la que naturalmente encontrará este proceso.