La desaparición, en noviembre de 2024, de la activista ambiental mapuche Julia Chuñil ha generado natural preocupación. Demanda de los órganos del Estado un completo esclarecimiento de lo sucedido, así como la determinación de las responsabilidades penales correspondientes, en caso de acreditarse la existencia de hechos delictivos. En su momento, Carolina Tohá, primero como ministra del Interior y luego como precandidata presidencial, fue duramente interpelada por sectores radicales —y también objeto de funas e insultos en la calle—, atribuyéndole injustamente una cierta lenidad de su parte para apoyar la investigación. En uno de los debates de las primarias del oficialismo, y en medio de manifestaciones, ella rechazó las acusaciones y sostuvo que “el caso de Julia Chuñil es muy grave, ameritó toda mi atención mientras estuve en ese cargo, averigüé muchas veces el avance de esa investigación”, y luego agregó que no había “ningún indicio, en esa investigación, de que haya agentes del Estado involucrados en la pérdida de su paradero”.

Estas últimas semanas, el caso ha vuelto a estar en la primera línea de la discusión pública luego que trascendiera la existencia de escuchas telefónicas en que uno de los supuestos involucrados habría dicho que “la quemaron”. Frente a esto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, hizo notar que esta es una investigación reservada, pero, en referencia al trascendido en cuestión, indicó que se trataría de un antecedente “que es parcial, sesgado, que no está completo”. Así las cosas, un mínimo de prudencia llamaría a no hacer juicios ni acusaciones anticipadas, apoyar las tareas de investigación en curso y esperar sus resultados.

Sorprende, sin embargo, la reciente declaración de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien inició una de sus últimas conferencias de prensa con una interpelación: “¿Dónde está Julia Chuñil?, es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el Gobierno también se hace en este momento”, como si ella y el Ejecutivo fueran simples particulares que no estuvieran a cargo de la seguridad y del orden público, meros comentaristas que se suman a los reclamos de agrupaciones frente al actuar de la fiscalía. Una actitud muy distinta, como se ve, a la que tuvo Tohá en su oportunidad.

De otro lado, cabe lamentar el abuso que se está haciendo de este lamentable caso por parte de parlamentarios de izquierda, utilizando la figura de Julia Chuñil para hacer diversas acusaciones y sacar ventajas políticas, como la de haber conseguido que se aprobara en primer trámite un controvertido proyecto de ley que pretende darles una protección especial a las “personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales”. El sesgo antiemprendimiento se nota en todo el texto votado, el que además implica el establecimiento de categorías especiales de personas que gozarían de mayor protección jurídica y a las que se les concedería más derechos que al resto.

Y es que el debate de ayer en la Cámara recordó por momentos las peores discusiones de la Convención, con diputados arremetiendo contra el modelo de desarrollo y contra “el extractivismo depredador”, la industria forestal y la ya aprobada ley sobre permisología, entre otras situaciones. El Gobierno, por su parte, brilló por su ausencia, a pesar de que sus parlamentarios contradecían en los hechos los ejes centrales de lo que sus ministros y otras autoridades han defendido en otras instancias.

Más que proteger la vida o integridad de personas “defensoras de la naturaleza” —existen ya en la legislación común disposiciones que sancionan y castigan duramente las conductas que se busca evitar—, con iniciativas como esta se fortalece a ciertos grupos de interés en su capacidad para paralizar indebidamente proyectos de desarrollo. Y es que es un despropósito mezclar la desaparición de Julia Chuñil y las lamentables circunstancias que la han rodeado, todo lo cual requiere un pronto esclarecimiento, con un proyecto de ley como este, cuyos alcances implican imponer nuevas trabas al progreso del país.