Como una señal muy preocupante ha sido calificada la disminución en 17% del presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para 2026. No conocemos las motivaciones exactas detrás de esta decisión, pero es razonable suponer que se ha privilegiado financiar gasto corriente por sobre inversión.

De hecho, según un estudio del BID publicado en 2020, es normal que esto suceda en los países de la región cuando enfrentan problemas de desequilibrios fiscales significativos. Y dado que estamos ante una situación similar, las autoridades han optado precisamente por tomar este camino ante las dificultades de calzar ingresos y gastos en el presupuesto nacional. Sin embargo, para quienes creemos en la urgencia de que Chile vuelva a crecer para avanzar hacia el desarrollo social y económico, esta forma de encarar el 2026 constituye un profundo error.

Las organizaciones que representamos han trabajado sistemáticamente para hacer ver la necesidad de que la infraestructura pública —clave para sostener e impulsar el crecimiento— se gestione de una manera distinta a como se hace hoy. Ya no limitada a lo que duran los períodos de gobierno, sino con una visión de largo plazo, expresada en una “Política Nacional de Infraestructura”.

¿Por qué? Porque a diferencia de una “cartera de proyectos” —cuyo propósito es crear empleo y resolver necesidades locales con una perspectiva de corto plazo—, una política persigue objetivos más complejos, como mejorar las condiciones de vida de las personas y las comunidades, así como el posicionamiento del país en los mercados internacionales, a través de una provisión articulada y sistemática de bienes públicos, que a su vez actúe como un incentivo para gatillar inversión privada a lo largo de todo el territorio nacional.

Además, si existiera esta política, lo más probable es que hoy no estaríamos frente a la actual discusión presupuestaria. Primero, porque su ejecución representaría un desafío transversal, asociado al desarrollo integral del país. Y, segundo, porque debería estar acompañada de una Regla Fiscal de Inversión en Infraestructura, en virtud de la cual los gobiernos estarían comprometidos, al menos, a respetar la inversión tendencial y a explicitar los efectos negativos de cambios que impacten tanto en el presupuesto como en la ejecución presupuestaria.

Por cierto, la administración y correcta ejecución de esta política de Estado, y de los planes que de ella deriven, debe estar a cargo de una nueva institucionalidad, de alto nivel, integrada por representantes del sector público y el privado y con las atribuciones necesarias para que sus decisiones puedan llevarse a la práctica.

La posibilidad de que el presupuesto de inversión del MOP disminuya 17% en 2026 en comparación con este año es un reflejo de que aún queda mucho camino por recorrer para que la infraestructura pública se gestione de forma tal que entregue el máximo de su potencial en favor de la calidad de vida de las personas, el crecimiento del país y el desarrollo sostenible al que todos aspiramos.

Esperamos que esta visión sea parte del debate presupuestario. En lo inmediato, no se puede obviar que contraer la inversión en esta área afectará la actividad y el empleo, dos aspectos básicos si se quiere empezar un proceso robusto de reactivación, además de retrasar el acceso de las comunidades a las obras que necesitan. Pero, sobre todo, es importante que la infraestructura pública se piense y se gestione para que abra los caminos que lleven a nuestro país al desarrollo.

Alfredo Echavarría
Presidente Cámara Chilena de la Construcción

Carlos Cruz
Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)