El Presidente presentó su último presupuesto (PR-2026), acompañado del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre (IFP-3), que muestra el avance de las finanzas públicas durante 2025. A primera vista, se trata de un presupuesto que responde —al menos en parte— a la situación de estrés fiscal en la que nos encontramos. Se proyecta un crecimiento del gasto de 1,7% anual (ley contra Ley de Presupuestos), frente a un crecimiento del PIB de 2,5%, cumpliendo con un déficit estructural de -1,1% que el Gobierno había fijado como meta para 2026.

Sin embargo, el panorama cambia al mirar en detalle. Primero, el gasto público efectivo —según las proyecciones de la Dipres en el IFP— crecería en realidad un 2,5%. Segundo, los ingresos presupuestados parecen optimistas. Se estima que los ingresos tributarios aumentarán un 5%, mientras el PIB lo haría solo un 2,5% y la demanda interna un 2,9%. Tercero, el presupuesto no considera la tradicional glosa republicana. Al excluirla, se generó más espacio para incrementar otras partidas. Si se hubiera mantenido una glosa similar a la de años anteriores —por ejemplo, de unos US$ 900 millones—, habría sido necesario recortar gastos en otras áreas por el mismo monto para mantener el aumento presupuestario total. Con la “flexibilidad presupuestaria” que hoy la reemplaza, el Gobierno evita el costo político de “desvestir un santo para vestir otro” en beneficio de la siguiente administración.

Cuarto, la composición del gasto no parece la más adecuada. El aumento se distribuye de modo que minimiza los costos políticos: el gasto en inversión cae un 13% real, mientras el gasto total crece. Es sabido que la inversión pública es siempre la más fácil de recortar. En contraste, el gasto real en personal aumenta un 6,5%. Es cierto que, por la reforma educacional, se están traspasando funciones desde los municipios al nivel central; pero incluso sin considerar esos nuevos traspasos, el gasto en personal crece más que el gasto total (2,2%). Además, sabemos que existen muchas horas-hombre subutilizadas en el Estado que podrían reasignarse a estas nuevas labores.

Por último, el IFP señala que este año volveremos a tener un déficit relevante, bastante mayor que el previsto al aprobarse el presupuesto 2025. El déficit estructural será de -2,2% del PIB, muy superior al -1,6% anunciado a comienzos del año; es decir, unos US$ 2.100 millones adicionales, que se traducen en un aumento de la deuda pública. Ello eleva el gasto en intereses, que según la Ley de Presupuestos crecerá un 14% en 2026.

Al examinar con más detalle las cifras, queda la sensación de que podríamos haber hecho un mayor esfuerzo por ajustar el gasto. No estamos ante una crisis fiscal, pero desde 2012 el gasto público ha crecido a un ritmo que no se condice con nuestra realidad. Pudimos sostenerlo mientras existieron holguras, pero esas holguras ya se agotaron. El actual gobierno pudo facilitar más el ajuste que tendrá que hacer el futuro gobierno.