La presentación del Presupuesto de la Nación para 2026, junto con el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al tercer trimestre de este año, confirma que en 2025 se incumplirá por tercer año consecutivo la meta de balance estructural definida a comienzos de esta administración. Si en 2023 la desviación fue marginal, en 2024 y 2025 la diferencia entre el déficit estructural efectivo y el comprometido ha sido sustantiva. De este modo, más allá de las explicaciones que se puedan dar, mal puede el Gobierno celebrar un manejo responsable de las finanzas públicas cuando, en los hechos, ha incumplido sus propias metas.

La principal causa del incumplimiento es la persistente sobreestimación de ingresos fiscales. Más que un error, ello parece una verdadera estrategia para no reconocer que las sucesivas reformas impulsadas para aumentar la recaudación no han logrado sus objetivos, en parte porque han sido aprobadas bajo supuestos voluntaristas sobre la inacción de los agentes económicos frente a cambios en las políticas públicas. El problema mayor es que esta sobreestimación era anticipable, y fue planteada por numerosos expertos.

El error persistente en el reconocimiento de estos menores ingresos y la ausencia de costos a pagar por el incumplimiento levantan dudas sobre la fortaleza de nuestra institucionalidad fiscal. Y aunque los mercados por ahora no manifiesten preocupación por estos desvíos —reflejo del generalizado apetito por riesgo a nivel global—, la situación exige un análisis más riguroso de dicha institucionalidad. No es razonable, por ejemplo, la falta de contrapesos a la Dirección de Presupuestos en las estimaciones de ingresos en los proyectos de reformas tributarias. No se trata de minimizar las capacidades de los equipos técnicos de esa institución, sino de reconocer que el interés de los gobiernos no necesariamente es perfeccionar las estimaciones de ingresos, sino maximizar el espacio para el gasto. El Congreso, a su vez, no tiene capacidades técnicas para abordar este asunto, por lo que sería deseable dotar al Consejo Fiscal Autónomo de facultades y recursos en esta materia.

Tema aparte es el relacionado con las exigencias de cumplir con el compromiso establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Gobierno aduce, entre otras explicaciones, que el Congreso no aprobó modificaciones legales para disminuir gastos y cumplir con las metas. Pero ese argumento se cae al advertir que el Ejecutivo tiene plenas facultades para gastar menos que lo establecido en el Presupuesto, no necesitando aprobación parlamentaria para ello. Quizá una modificación legal que genere un recorte automático en la Ley de Presupuestos podría justificarse para impulsar al Ejecutivo a cumplir su compromiso fiscal.