La denuncia de un canal de televisión de que una persona que figuraba como desaparecida, en realidad estaba viviendo en Argentina, es del máximo interés público.

Y lo es porque permite —de nuevo— evaluar la actitud de la oposición frente al tema, como la actitud del Gobierno.

Y ambos han tenido una conducta equivocada.

Le ha ocurrido, o ha estado a punto de ocurrir a la derecha, que ha exagerado el tono. Un caso —uno— en más de mil personas desaparecidas es lo que se conoce como error estadístico. Mientras mayor es el número de asuntos de un conjunto, mayor es la posibilidad de que él incluya algunos errores. Esto lo observó muy tempranamente Luis de Molina, uno de quienes advirtieron la teoría de las probabilidades (lo hizo a propósito de quién podía pecar).

De manera que la aparición de esa persona no anula, ni debe relativizar, ni es motivo para poner en cuestión, ni el hecho de que durante la dictadura se hizo desaparecer personas, ni tampoco el plan de búsqueda que el Gobierno ha emprendido y diseñado para esforzarse en encontrar sus restos o al menos tener una certeza razonable de lo que ocurrió con ellos. Y hace mal la oposición, o haría mal, en servirse de este caso para deslegitimar el plan de búsqueda porque el asunto de fondo no consiste en que alguien haya aparecido (uno en más de mil), sino el hecho de que haya aún personas desaparecidas, y salvo que la desaparición de esa persona en particular sea un timo o engaño planeado por alguien del Gobierno (cosa absurda), no hay manera de que sea un motivo razonable para resquebrajar el prestigio ya bastante deteriorado, por lo demás, del Gobierno. Quizá lo sensato sea solicitar un esclarecimiento de cómo se pudo incurrir en ese error o de cuál fue la maniobra para que ello ocurriera, en vez de emplear el caso para hacer una queja global sobre el Gobierno o un ministerio o reflotar ante la conciencia colectiva el desdén con que este tema, el de los desaparecidos, fue tratado durante tantos años.

Todo lo anterior es obvio.

Lo que no parece tan obvio es la actitud del Gobierno frente al caso una vez que se enteró, con antecedentes suficientemente plausibles, de que ese desaparecimiento no era tal.

Porque ocurre que el Gobierno, en vez de dar a conocer a la opinión pública aquello de lo que se enteró, prefirió mantenerlo en secreto, bajo reserva, hasta que —de nuevo— movido por un hallazgo periodístico debió reconocer lo que sabía y el problema que representaba.

El Gobierno, por intermedio del ministro, ha dado explicaciones varias para ese silencio que van desde la protección de las víctimas (aunque en este caso particular no la había, no al menos en el sentido que el plan de búsqueda asume) a cuestiones legales más o menos vagas que suelen dejar paralogizados a los periodistas (¿por qué será que enmudecen frente a la fraseología legal?), pero que, la verdad sea dicha, no son del todo admisibles.

Y no lo son porque el plan de búsqueda es un proyecto de gran importancia moral para la moral pública y no puede ser tratado solo como una investigación criminal, puesto que si fuera eso el Gobierno no debiera inmiscuirse en ella. Pero, con toda razón y con acierto moral, ha emprendido ese plan y hay que aplaudirlo por eso; pero las vicisitudes que durante su ejecución aparezcan no pueden ser tratadas como secretos de Estado, sino que al igual que el tema de los desaparecidos, deben ser tratadas con la mayor transparencia posible en lo que atinge a quienes están en esa situación, quienes no, y qué esfuerzos y especialmente con qué resultado se han efectuado. ¿Cómo se confiaría en el éxito del plan si al mismo tiempo no se confiesan los errores (negligentes, fortuitos o dolosos) que al ejecutarlo se constatan?

Carlos Peña