Se está observando una desprolijidad en el manejo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la que el país no estaba acostumbrado. Ha emergido ahora un cuestionamiento severo a su planificación financiera, que se reflejaría en obligaciones no canceladas y pagos postergados que algunas fuentes han estimado en hasta mil millones de dólares. Es difícil imaginar que esas puedan ser las cifras y la repartición lo ha desmentido, pero ha sido vaga en aclarar el real alcance de la situación. Mientras tanto, emergen voces de quienes dan cuenta de los montos que se les adeudan y que no han sido cubiertos por tiempos prolongados. El Ministerio ha reconocido que, en algunos Serviu, particularmente el de la Región Metropolitana, se anticipan gastos mayores a los recursos presupuestados y que el desbalance estaría siendo abordado por la Dirección de Presupuestos. A su vez, el ministro, acompañado del titular de Hacienda, ha señalado que “todos los datos nuestros indican que esto es un noveno o un décimo de lo que se ha planteado”, en alusión a los referidos US$ 1.000 millones. Ayuda poco a la transparencia, sin embargo, que no se haya podido dar antecedentes más precisos ni anticipar cuándo se pagará lo atrasado.

Tampoco es garantía de que se resolverá el problema declarar que “todas las viviendas, todas las deudas con las viviendas en Plan de Emergencia Habitacional van a quedar pagadas en este gobierno”. ¿Hay acaso solo deudas asociadas a estos conceptos? De hecho, se ha sostenido que hay pagos pendientes por terrenos y por obras de otra naturaleza. Además, el contexto fiscal no es particularmente alentador, más aún si se considera altamente probable que el déficit estructural comprometido (de 1,8% del PIB, después de una revisión al alza desde 1,6%) termine siendo significativamente más elevado. Se requiere mucha más claridad en estos asuntos de la que el Minvu ha ofrecido hasta ahora.

Las carencias de gestión también se dejan entrever en el plan de emergencia habitacional. A pesar del impulso inicial, que venía de la administración anterior, y del optimismo de las autoridades, no es evidente, según expertos, que la meta de las 260 mil viviendas se pueda concretar. En parte, por cuellos de botella que ha generado la propia repartición como, por ejemplo, compras de terreno sin las factibilidades apropiadas o en los que se han iniciado obras sin satisfacer las disposiciones de los planes reguladores.

A su vez, los impulsos que se transmiten de un gobierno a otro en la gestión de los programas tendrán un debilitamiento evidente. Un ejemplo son los sorprendentemente escasos avances en la reconstrucción posincendios de la Región de Valparaíso. Ello sugiere un problema más profundo y que apunta a una pérdida de capacidades de gestión en esta repartición que es difícil de entender. En el pasado, bajo gobiernos de distinto signo, hubo respuestas mucho más efectivas ante situaciones similares. Las duras críticas de las alcaldesas de Viña y Valparaíso, integrantes del oficialismo, hablan por sí mismas. La indolencia con la que hasta casi el final actuó la repartición o sus organismos dependientes frente a la demolición exigida por la justicia de la toma en los terrenos de la familia Correa, en Quilpué, y el fracaso en la larga negociación por la toma de San Antonio, también dan cuenta de una gestión muy deficiente. Y en materia de urbanismo los resultados tampoco son auspiciosos. Hay quizás una o dos iniciativas interesantes, pero, en general, la propuesta ha sido pobre. Las ciudades son cada vez más importantes, no solo para el crecimiento económico, sino para lograr una mejor calidad de vida. La falta de visión sobre su desarrollo revela una ausencia que deberá repararse rápidamente en un próximo gobierno.

Se puede argumentar que el caso de Democracia Viva golpeó la gestión de esta cartera, pero resulta una explicación insatisfactoria. Después de todo, esa crisis fue generada desde dentro, al renunciar sus autoridades, en la práctica, a muchas de las capacidades profesionales que se habían instalado en el Minvu. Así, las últimas dudas sobre la administración de contratos habituales en este ministerio y la planificación financiera asociada a ellos son apenas una evidencia adicional de una gestión que ha dejado mucho que desear.