Escozor provocó el oficio de Conadi referido al proyecto de mall de Cencosud en Vitacura. La corporación expuso ante el Servicio de Evaluación Ambiental preocupación por la posible afectación a una asociación indígena de Huechuraba. Cuestionó, entre otras cosas, que no georreferenciaran su ruca, ubicada a 3,2 kilómetros, y la posibilidad de hallazgos arqueológicos.

El cúmulo de personalidades que ha rasgado vestiduras yerra el blanco. Un trabajador modelo procurará brillar en su pega, sujeto al set de reglas que lo rige y a los incentivos que lo movilizan.

Póngase por un minuto en los zapatos del funcionario de Conadi. Si a usted lo evaluaran por, citando la misión institucional, “el desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas”, y a la vez le ofrecieran pronunciarse respecto del mall, ¿por qué habría de desaprovechar la oportunidad?

Quizás usted está plenamente consciente de que la referencia a una ruca así de lejana es un sinsentido —aplicaría a las obras del grueso de Huechuraba y de buena parte de Vitacura, Recoleta y Conchalí—, pero desde ese cargo le es preferible satisfacer a sus stakeholders más que cualquier otra consideración. Solo levanta el punto y queda como rey ante su público. Total, ya será luego el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el encargado de ponderar sus observaciones con criterio global, esa pega no es suya.

Complacer a la asociación Dhegñ-Winku le suma, complacer a los accionistas de Cencosud o a los vecinos que quieren el mall, no.

Sí, es absurdo que el sistema deba ponderar el impacto de un mall sobre una ruca de la que lo separa un cerro, luego un condominio residencial, luego un distrito empresarial, luego un barrio industrial y por último un cementerio. Y, pese a todo, quien lo solicita está honrando su descripción del cargo.

El error, por tanto, no recae en los protagonistas de esta historia particular, sino en el set de reglas a las que están sometidos. La solución estructural es que el sistema de evaluación ambiental distinga desde el comienzo riesgos razonables de aquellos muy improbables, y que restrinja la participación a los organismos públicos vinculados solo a los primeros.

Un mall en Vitacura naturalmente debe contemplar la participación de aquellos ligados al tránsito, pero no, por ejemplo, a Sernageomin. ¿Podríamos estrellarnos con una consideración geológica no prevista? No es imposible, pero tampoco es óptimo diseñar sistemas para riesgo cero. Si lo hiciéramos, hasta la ampliación de su quincho tendría que pasar por el SEIA, y usted debería contratar arqueólogos para certificar —porque eso significa de verdad riesgo cero— que no se emplaza justo-justo sobre un cementerio indígena hasta entonces ignoto.

Este déficit de diseño institucional es uno de los motivos por los que desde Pivotes hemos impulsado la existencia de un sistema de evaluación ambiental en dos etapas, diseñada para proyectos de envergadura y de aplicación voluntaria para el titular. En la primera fase se definirían en forma temprana, entre otros aspectos, los organismos relevantes para el proceso particular que se somete a evaluación.

Tal rediseño ayudaría a destrabar la tan necesaria inversión de dos maneras. Primero, habría menos observaciones de baja relevancia de las que hacerse cargo. Segundo, disminuiría la carga funcionaria, tanto para quienes hoy deben estudiar cientos de páginas con el objetivo de formular observaciones como para quienes deben luego procesarlas y ponderarlas. Los funcionarios de ambas partes estarían así menos atorados para abordar aquellas observaciones que sí apuntan a los impactos medulares de las iniciativas en evaluación.

Joaquín Barañao
Pivotes