Parece el día de la marmota: los diagnósticos y las propuestas para cambiar las reglas del juego del empleo público están sobre la mesa hace casi una década y no pasa nada. ¿Qué podría ser distinto esta vez?: la estrechez de las cuentas fiscales y el malestar ciudadano por el despilfarro del Estado desenmascarado por la actual contralora podrían, esta vez sí, obligarnos a actuar.

El costo fiscal total del empleo público supera el 7% del PIB (FMI), con un gasto promedio mensual de $2,6 millones por funcionario en el Gobierno central, incluyendo remuneraciones, horas extraordinarias, viáticos y licencias médicas (Ley de Presupuestos). En los últimos 10 años, el gasto en el Gobierno central creció un 50% real (100% en los últimos 15 años), mientras los puestos de trabajo aumentaron en un 59%, llegando a 438.334 personas en junio de 2025 (Dipres) —523.195 si incluimos los servicios locales de educación—, mientras que el empleo privado formal solo creció un 12% en el período (INE). Lamentablemente, este enorme gasto y aumento desmedido de dotación no se ha traducido en mejores servicios para la ciudadanía.

A la inamovilidad de la “planta” se sumó la “contrata”, a partir del perverso criterio de la “confianza legítima” impuesto por la anterior Contraloría.

Aun cuando las huelgas son ilegales, sistemáticamente se viola la ley con paralizaciones que afectan la continuidad operacional de servicios públicos que muchas veces son monopólicos e imprescindibles para la ciudadanía. Por eso, no es razonable que las reglas del juego del empleo público sean de 1989, añejas y extemporáneas, y que todos los cambios que hayamos visto en los últimos años sean a partir de sucesivos dictámenes de Contraloría en lugar de una política pública orgánica y bien pensada.

El escenario es caótico, pero la buena noticia es que hay camino recorrido para tomar acción y corregir.

Al cierre de su segundo mandato, el presidente Piñera firmó un proyecto de ley para modificar el empleo público —que no fue tramitado por la actual administración—, tomando una propuesta transversal de cuatro centros de estudio y una consulta pública con más de 60 mil participantes que le dieron un rotundo apoyo. Este proyecto buscaba corregir el problema, fijando mayores barreras de entrada para que sea personal calificado el que ingrese al Estado; creando contratos indefinidos con indemnización y mecanismos de salida efectivos para los malos desempeños; separaba claramente a los profesionales de carrera de los cargos políticos, limitando estos últimos a una mínima expresión, y avanzaba en diversas medidas orientadas a mejorar el servicio a los usuarios y aumentar la productividad.

Este proyecto fue refrendado casi íntegramente en sus ideas matrices en las propuestas de la reciente Comisión Asesora de Gasto Público convocada por el Ejecutivo, con el apoyo unánime de sus miembros, todos técnicos de carácter transversal. La misma comisión ratifica otra propuesta hace tiempo sobre la mesa: congelar dotaciones y remuneraciones al nivel de 2025. Pero incluso si esto fuese considerado excesivo por el legislador, se podría establecer una nueva regla para que el aumento del empleo público sea en línea con la creación de empleo privado, en lugar de superarla en cinco veces como es hoy.

Estamos en un punto de inflexión: ad portas de la presentación del Presupuesto 2026, el más importante de la administración Boric, el actual ministro de Hacienda tiene la oportunidad de hacer lo que su antecesor no pudo: contener el gasto público.

La sobreestimación de los ingresos y la subestimación de gastos nos tienen con el agua al cuello, por eso el Consejo Fiscal Autónomo ha pedido reiteradamente al Gobierno gastar menos, del orden de los US$ 1.600 millones adicionales este año, simplemente para empatar el partido y cumplir la esquiva meta de balance estructural. Debemos considerar, además, que vienen cuantiosos gastos por delante, entre ellos de la reforma previsional, que en régimen significará más de US$ 5.000 millones adicionales para el fisco.

O el gobierno del Presidente Boric avanza en la consolidación fiscal o seguiremos postergando una crisis que nos reventará en la cara, pagando más intereses de la deuda, deteriorando nuestros ahorros y dilapidando recursos de los contribuyentes en cuestiones ajenas a sus prioridades. En este contexto de crisis de las finanzas públicas, es fundamental un ajuste fiscal donde más aprieta el zapato: el empleo público.

Alejandro Weber
Decano Economía, Negocios y Gobierno USS