Las elecciones no son simplemente un trámite institucional, sino el espacio donde se juega, en última instancia, la estabilidad de la República. Es allí donde la justicia electoral marca la frontera entre el orden y la anarquía. Desde hace cien años, en Chile ese límite ha sido custodiado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), garante de que la pureza de la voluntad popular se exprese de manera legítima y transparente.

Originalmente, durante el siglo XIX, el Congreso era el que calificaba las elecciones, un sistema que pronto mostró sus fisuras. Las intervenciones del Ejecutivo, las “cajas electorales” y las demoras en los resultados evidenciaron las deficiencias del sistema. La elección presidencial de 1920 marcó un justificado punto de quiebre. En aquella oportunidad, la tensión política obligó a crear un Tribunal de Honor, que finalmente proclamó a don Arturo Alessandri Palma. Este escenario convenció a la opinión pública de que era vital contar con un árbitro permanente, dirimente e independiente de cualquier insidia o contingencia.

La Constitución de 1925 fue la respuesta institucional. No solo instauró la elección presidencial directa, sino que creó al Tricel como un tribunal especial, autónomo e imparcial, encargado de calificar los comicios presidenciales y parlamentarios. Este espíritu innovador fue reforzado en la Ley General de Elecciones de 1941, que consagró al Tricel, definitivamente, como el Tribunal Supremo en materia de justicia electoral. El Tribunal se convirtió, así, en garante de hitos históricos como el voto femenino, la cédula única electoral y la incorporación de analfabetos y personas no videntes al padrón.

En paralelo, el Tricel comenzó a desarrollar una jurisprudencia electoral sólida y respetada, resolviendo reclamaciones complejas, bajo un procedimiento que permite apreciar los hechos como jurado y fallar conforme a Derecho. Esta dimensión jurisdiccional fue afianzando su autoridad y legitimidad, no solo ante los actores institucionales, sino ante la ciudadanía en general.

La Constitución de 1980 le otorgó permanencia funcional, limitando la influencia política en su integración y creando los Tribunales Electorales Regionales para dirimir elecciones internas de organizaciones intermedias tales como sindicatos y juntas de vecinos.

Un momento culminante de su historia llegó en 1988, cuando el Tribunal, merced a una audaz y visionaria sentencia del Tribunal Constitucional, redactada por su exministro Eugenio Valenzuela Somarriva, postuló la competencia del Tricel para la calificación electoral del plebiscito. Su actuación garantizó la legitimidad del proceso, y sus resultados fueron aceptados de manera transversal, demostrando su rol insustituible; permitiendo una transición pacífica a la democracia.

El siglo XXI ha traído desafíos distintos. La “Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia” (2016) encomendó al Tricel resguardar, en sede jurisdiccional, el cumplimiento de las normas sobre financiamiento de campañas y partidos. Así, su labor ya no se limita a proclamar resultados, sino que asegura que cada voto y cada peso invertido en política se ajuste a la ley. El Tribunal también ha proyectado su experiencia, actuando como embajador de nuestro sistema de justicia electoral, participando en misiones de observación y redes internacionales, lo que le ha dado un reconocimiento global.

La democracia enfrenta hoy nuevas amenazas manifestadas en la caída del apoyo ciudadano a las instituciones. Frente a ello, el Tricel se prepara para asumir un rol más activo en la protección de la legitimidad electoral.

Como escribió alguna vez Gabriela Mistral, la democracia es un “mecanismo delicadísimo” que debe ser cuidado con “manos limpias”. Celebrar los 100 años del Tricel no es un ejercicio nostálgico, sino la reafirmación de un compromiso para mantener viva la promesa de que en Chile la lucha por el poder se resuelve con votos y no con violencia.

En un mundo globalizado donde la democracia se debilita en muchos rincones, Chile celebra a su legítimo guardián electoral. Lo hace con la certeza de que los próximos cien años exigirán la misma firmeza para seguir ganando la confianza ciudadana. Ese ha sido, durante un siglo, el deber del Tricel, y lo seguirá siendo mientras nuestra República aspire a vivir en libertad, orden y justicia.

Arturo Prado Puga
Ministro de la Excma. Corte Suprema, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones