En los últimos días se ha producido un interesante debate sobre los mecanismos que se requiere impulsar para fortalecer el mercado laboral, que muestra una severa debilidad para generar nuevos empleos, afectando particularmente la empleabilidad de mujeres y jóvenes. Las causas son muchas y las cifras son elocuentes, por lo que se hace necesario enfrentar este fenómeno con nuevas miradas, que apunten a soluciones eficaces y realistas, que tengan una estrecha relación con las necesidades reales de las empresas.

La Educación Técnico-Profesional es una de las herramientas que Chile dispone para impulsar el desarrollo de las potencialidades de su fuerza de trabajo. Este formato educativo tiene décadas de vinculación estrecha con la realidad de las empresas productoras de bienes y servicios, posee una infraestructura a lo largo de todo el país y su nivel de empleabilidad es más alto que el de los egresados de universidades. La estrategia ha consistido en acercar la academia al mundo empresarial, a través de experiencias prácticas en entornos reales, posibilitando así un relacionamiento estrecho con los sectores productivos, facilitando así el ingreso de los estudiantes al mercado laboral. De hecho, cifras recientes hacen previsible que en algunos años más los estudiantes de Educación Superior Técnico-Profesional serán un porcentaje equivalente a los que estudian en universidades.

Las instituciones de este formato hemos hecho esfuerzos significativos para adaptar los planes de estudio, incorporando las necesidades detectadas mediante metodologías como los consorcios, que proporcionan información relevante para adecuar o flexibilizar las mallas curriculares frente a los requerimientos y desafíos del mundo del trabajo.

Esta experiencia práctica permite, además, que la enseñanza se vincule directamente con el territorio donde operan las empresas, resolviendo problemáticas y fortaleciendo competencias específicas de acuerdo a las realidades locales de sectores de alta complejidad como la minería, la acuicultura, la industria forestal o la agricultura de exportación, que se suman a una diversidad de servicios tecnológicos y digitales en que el país empieza a destacar.

Otra ventaja es que se trata de carreras de menor duración y costo, que pueden ser el punto de partida para posteriormente escalar a otros grados y posgrados.

Por todo ello, en momentos en que el Gobierno, junto a instituciones relevantes del país como el Banco Central, el Congreso, la empresa y la academia buscan los mecanismos para generar más y mejores empleos, mirar hacia las potencialidades de la Educación Superior Técnico-Profesional es una opción imprescindible para satisfacer un desafío clave del país: lograr una fuerza de trabajo altamente capacitada.

Anamari Martínez
Rectora IPCHILE