El Presidente Boric se apronta a dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas. Alrededor de otros cien mandatarios y cancilleres compartirán esa tribuna, en la mayoría de los casos con el auditorio semivacío. Expondrán sus realizaciones, denuncias y visiones globales. Sus discursos incluirán demandas por reformas radicales a la ONU, que atraviesa por su peor momento, oscureciendo sus logros y desprestigiando el multilateralismo. La ineficiente organización sigue apartándose sostenidamente de su noble cometido de velar por la paz y progreso mundial. Así lo demuestran hambrunas, guerras desde Ucrania a Gaza y conflictos armados, algunos bajo sus ineficaces operaciones de paz, por cerca de 50 años.

Con sobre cien mil funcionarios, su presupuesto es de varios miles de millones de dólares, de los cuales los contribuyentes chilenos aportan a lo menos US$ 32 millones. La mala gestión y crisis financiera son tan evidentes que solo 53 países, de sus 193 miembros, están al día en sus aportes, mientras Estados Unidos registra atrasos sobre 3 mil millones de dólares, y China, de cerca de mil millones.

La Organización de Naciones Unidas funciona en gran parte en beneficio del privilegiado bienestar y poder de sus funcionarios, con exorbitantes remuneraciones, pensiones y beneficios, incluida la escandalosa exención de impuestos de sus sueldos y consumos. En muchas de las contrataciones prevalece el pago de favores y las afinidades de izquierda en los de mayor rango, sirviendo de refugio a miles de políticos y tecnócratas, siendo los derechistas rara avis.

Dirige la organización el socialista António Guterres, ex primer ministro de Portugal, pronto a cumplir 10 años en el cargo. Se ha resistido a cambios indispensables. El inmovilismo le ha servido, como también a sus antecesores, para sostenerse en el cargo y no enemistarse con gobiernos y, sobre todo, con el poderoso funcionariado.

Decisiva es la responsabilidad de los países que integran la organización, en especial de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y EE.UU., que retienen un poder de veto en todas las decisiones relevantes. Por décadas se resisten a razonables propuestas para limitar sus atribuciones, eliminar la superposición de agencias, precisar y priorizar cometidos, introducir transparencia y racionalizar la gestión administrativa y burocrática. Se trata de metas alcanzables compartidas por el Presidente Boric, sus predecesores y por la mayoría de los gobiernos de los países integrantes.

Mientras no se enfrente a la poderosa burocracia de Naciones Unidas y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no resuelvan renunciar a sus excesivos poderes, serán inútiles y rituales los discursos reformistas ante la Asamblea General.