En estos días celebramos los 215 años del proceso de autonomía que nos llevó a la independencia nacional, desde la primera Junta de Gobierno, en 1810, hasta la declaración de 1818.

Una de las constantes de ese proceso, tan heroico como lleno de altibajos, fue considerar la situación como una auténtica emergencia. Así lo expresaron los tres primeros reglamentos constitucionales. De manera dramática, el de 1814 se refería a “las críticas circunstancias del día”. Nuestros primeros padres percibían que había una situación de insoportable dependencia, y que la emergencia asociada a su ruptura requería de medidas excepcionales.

Volvamos al presente. ¿No estamos acaso hoy viviendo en Chile unos tiempos en que se manifiestan graves dependencias y, por eso mismo, se hace necesario afrontar el próximo gobierno bajo el criterio de una evidente emergencia?

Las dependencias que hoy padecemos pueden dividirse en dos grupos. Por una parte, las que provienen del exterior. En esa dimensión están las influencias de un globalismo que nos impone descriterios sobre la vida, la familia, las etnias, la sexualidad, el medio ambiente y la educación, tendencia a la que se suma la otra vertiente foránea, cual es la presencia en Chile de una significativa proporción de inmigrantes que atentan contra nuestras costumbres y, sobre todo, contra la paz social, mientras otro grupo ha venido a buscar efectivamente el asilo contra la opresión y a trabajar en paz y con calidad profesional.

A esas dependencias de origen foráneo se suman otras. Son las que desde dentro han generado quienes, desde Bachelet al Frente Amplio y el PC, no han trepidado en darle al Estado un volumen, un papel y una presencia simbólica propias de un supuesto mesías. Pero, al mismo tiempo, ha quedado en evidencia que ese falso mesías se encarna en miles de funcionarios que engañan y roban mediante sus licencias falsas, que se conciertan con fundaciones para privarnos a todos del producto de nuestros impuestos, que se expresan como burócratas que demoran indefinidamente las autorizaciones que les corresponde otorgar, solo para darse importancia y justificar sus cargos. Nos hemos ido haciendo dependientes de estas y tantas otras formas de corrupción y mediocridad. Las sufrimos a diario.

Por todo eso, y por mucho más, se hace necesario un gobierno de emergencia nacional, apoyado por un Congreso que, desde una mayoría, asuma su tarea de colaboración con el Poder Ejecutivo.

Un gobierno de emergencia ha de sustentarse en tres pilares básicos. En primer lugar, en la convocatoria de las mejores personas disponibles para todas las tareas ejecutivas, personas que permitan recuperar la independencia de nuestras instituciones; en segundo término, en la convicción más absoluta del nuevo Presidente sobre la necesidad de afrontar momentos muy difíciles con prudencia y fortaleza, sabiendo que podría volver a desplegarse un proceso que intente frustrar nuestra independencia nacional; y, finalmente, en la proposición de una legislación que efectivamente revierta las dependencias y libere las fuerzas de la creatividad.

Es de tal magnitud la crisis nacional, la dependencia de males tan graves como extendidos, que la tarea va a ser titánica. Recuerdo una vez más a Havel, quien frente al desafío de reconstruir la antigua Checoslovaquia después de sus tristes años bajo el marxismo, afirmaba que recuperar “un orden basado en la responsabilidad libremente asumida frente a, y por parte de la sociedad en su conjunto, aún no ha sido construido; tampoco pudo haberlo sido, ya que desarrollar y cultivar esa clase de orden requiere muchos años”.

Es lo que nos convoca.