Los errores que ha detectado la Contraloría en su revisión del Sistema de Admisión Escolar (SAE) deben repararse. En efecto, en caso contrario se corre el riesgo de desprestigiar un mecanismo que constituye un aporte a la educación chilena. Ahora, esos errores no invalidan las virtudes del mecanismo.

Recordemos sus fundamentos. Es una plataforma que permite a las familias postular ordenadamente a los colegios disponibles en el país expresando claramente sus preferencias. Las vacantes disponibles en cada uno de ellos se declaran previamente. Si estas son suficientes para el número de niños y jóvenes que han elegido el colegio, todos ellos son admitidos. En cambio, si los postulantes superan las vacantes disponibles es indispensable definir criterios para racionar los cupos disponibles, sea cual sea el sistema de admisión.

¿Debe ser el colegio el responsable de realizar esta selección con sus propios criterios? Es una alternativa que no es incompatible con un sistema centralizado que tiene la ventaja de maximizar las preferencias de las familias.



Algunos colegios, previo a la instalación del SAE, sorteaban los cupos entre sus postulantes. Es una alternativa que, en espíritu, se acerca al mecanismo vigente, porque intenta ofrecer una solución justa, liberando al colegio de tener que tomar una decisión que puede ser arbitraria o poco transparente. Además, ese camino tenía otra virtud. Aceptaba el desafío de educar en igualdad de condiciones a todos quienes preferían el colegio. En general, los colegios que optaban por este camino eran y siguen siendo grandes alternativas educacionales. Con todo, este sistema era poco eficiente, pues, al desconocer todas las preferencias de los postulantes, no lograba asegurar la mejor asignación para las familias. Podía ocurrir, por ejemplo, que dos familias con distintas preferencias por los dos colegios del barrio quedaran ambas en su colegio menos preferido.

Otros colegios privilegiaban un sistema opaco o intentaban evaluar el compromiso de las familias con el proyecto educativo a través de largas filas que muchas veces las llevaba a acampar por horas antes del proceso de matrícula. Estas otras formas de racionar los cupos no parecían particularmente sabias o justas. Y menos aseguraban ampliar las posibilidades de elección de las familias.

El Sistema de Admisión Escolar pudo haber optado por continuar la práctica que habían iniciado algunos planteles escolares y sortear aleatoriamente todas las vacantes en caso de exceso de postulantes. Definió, en cambio, prioridades para asignar los cupos en función de criterios que se estimaban adecuados. Así, por ejemplo, los hermanos y los hijos de funcionarios tienen una mayor probabilidad de ser admitidos.

Una vez que se definen criterios de esta naturaleza, es natural que emerjan cuestionamientos, pero ello no invalida el mecanismo. Por ejemplo, se ha excluido la aptitud académica como criterio para ingresar a los liceos. En otros lugares, los estudiantes rinden una prueba y postulan a los liceos y son seleccionados en función de sus preferencias y puntaje en dicha prueba, como ocurre con la PAES. Es una alternativa legítima con eco en la ciudadanía, pero cuya materialización no requiere reemplazar el SAE.

El debate, entonces, debe ser sobre los criterios que deben primar para priorizar las postulaciones en aquellos casos en que los cupos disponibles son insuficientes, que el año pasado ocurrió solo en el 11% de los establecimientos. Sin embargo, este asunto no ha recibido mayor atención. Se prefiere cuestionar la plataforma. Detrás de ello hay, en el fondo, una apuesta por descentralizar el proceso de selección en los colegios. Sin embargo, por las razones antes esgrimidas esa no es una buena idea. Es una renuncia a una oportunidad similar para todas las familias que están interesadas en ser seleccionadas en sus aulas. Las falencias detectadas por la Contraloría, que deben ser rápidamente atendidas, no ponen en duda las virtudes del Sistema de Admisión Escolar, como ha intentado plantearse.

Así, el debate debería orientarse más bien a discutir los criterios de priorización de los postulantes, aprovechando, por lo demás, un proyecto de ley que se encuentra en el Senado y trata, entre otros asuntos, de estos aspectos.

De hecho, los firmantes de esta columna tenemos diferencias respecto de cuáles deberían ser esos criterios de priorización y el peso que cada uno de ellos debe tener. Sin embargo, ello no nos lleva a concluir que deba desecharse el Sistema de Admisión Escolar, cuya principal fortaleza es optimizar las preferencias de las familias y que, además, aporta información muy valiosa para el diseño de las políticas educacionales.

Harald Beyer
Loreto Cox
Escuela de Gobierno, UC

Sylvia Eyzaguirre
Centro de Estudios Públicos

Andrés Barrios
Universidad de los Andes

Nicolás Figueroa
Instituto de Economía, UC

Andrés Hernando
Universidad Diego Portales