Decepción y rechazo provoca la promesa del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz Pereira de decretar la normalización de los autos robados en Chile. Son miles los de esta categoría que ingresan ilegalmente a Bolivia por pasos no habilitados. Se estiman sobre siete diarios, provenientes de Antofagasta, Arica y zonas fronterizas. Incluyen varias clases, hasta maquinarias. Su comercialización en Bolivia es pública, en ferias y mediante anuncios en la prensa, radio y plataformas. Las compraventas fraudulentas suceden a pesar de denuncias que identifican tanto a los vehículos como a sus legítimos propietarios. Para fiscalizar por la policía y la justicia de ambos países, es indispensable ordenar y cruzar estos datos. No debería ser un problema.

Más grave es la sugerencia y duda del candidato Paz sobre la participación de Carabineros de Chile en estos delitos.

Nuestros códigos penal y civil sancionan claramente y con severidad la apropiación indebida y la comercialización de objetos robados, obligando a indemnizar y restituir. Hay al respecto sentencias relevantes, relativamente recientes, incluso de la Corte Suprema, luego del denominado “Caso Inverlink”, el supuesto jarrón ajeno comercializado. Al igual que el chileno, el código civil boliviano, también inspirado en el código napoleónico, debería contar con disposiciones similares.

Se suponía que se erradicaría el populismo boliviano y surgirían posibilidades de significativa cooperación con Chile, luego del colapso del Movimiento al Socialismo (MAS), que por dos décadas controló los tres poderes del Estado durante las presidencias de Evo Morales y Luis Arce. La promesa electoral de Paz —también del candidato oficialista Eduardo del Castillo— parecería indicar lo contrario. Se podría repetir lo decretado por Evo Morales, que legalizó más de 100 mil autos, incluyendo los robados en Chile, algunos luego de incautados, en poder y para el uso de la policía y servicios públicos bolivianos. Está comprobado que estos robos se han incrementado, con la participación del crimen organizado en conexión con el narcotráfico.

Nuevamente quedan en evidencia el descontrol de la frontera con Bolivia y el inmovilismo chileno para presionar por la restitución de los vehículos a sus propietarios.

Correcta ha sido la reacción condenatoria del ministro del Interior, pero no basta. Caben medidas y acciones adicionales y coordinadas de los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Defensa, y, por cierto, a través de los canales diplomáticos, para presionar a Bolivia en un frente común con Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, también víctimas de estos robos, del narcotráfico y la migración ilegal a través de la frontera boliviana. Combatir la comercialización de autos robados ingresados a Bolivia contribuye a combatir el narcotráfico y la migración ilegal.