Durante los últimos meses, tanto a nivel de legisladores como de la opinión pública, se ha puesto en la discusión la posibilidad de endurecer las penas que actualmente se aplican para los adolescentes que cometen delitos. Esto, como respuesta al “supuesto” aumento de la delincuencia juvenil, lo que contradice abiertamente la evidencia nacional e internacional sobre el desarrollo adolescente.

Por ello, se debe elevar la discusión en dos aspectos: en cuanto a la capacidad disuasiva del aumento de penas y del aumento de la delincuencia juvenil.

Endurecer las penas no ha demostrado ser un mecanismo eficaz para reducir la comisión de delitos. Todo lo contrario, el contacto prolongado con el sistema de justicia tiende a dificultar la salida de los adolescentes de trayectorias delictivas y los procesos de desistimientos (Unicef, 2018; Gatti et al., 2009). Desde la evidencia también se ha documentado que cerca del 80% de las personas que delinquen en la adolescencia no lo seguirán haciendo en la adultez (Mulvey, 2011; Loeber y Farrington, 2012). Esto sugiere que la mayoría de los adolescentes infractores son justamente eso, adolescentes en proceso de desarrollo que pueden cambiar su devenir si se les brinda apoyo y oportunidades.

Los avances en las neurociencias han reforzado esta idea, demostrando que la adolescencia es una etapa clave en desarrollo cerebral. Durante este período se produce la segunda gran “poda neuronal”, lo que convierte a esta etapa en una ventana única para el aprendizaje, el cambio y la construcción de trayectorias positivas. Como lo planteó Feinstein (2009), “la adolescencia es una gran oportunidad para construir un cerebro mejor, o para desperdiciar su potencial”.

Vale la pena recordar que los adolescentes de entre 14 y 15 años representan apenas el 7,4% de la población en el sistema de justicia juvenil (Cuenta Pública Sename 2023). Esto significa que el posible efecto disuasivo de la medida recaería sobre una población muy reducida. En cambio, trabajar con este grupo de manera focalizada, con medidas restaurativas y de reinserción, puede ser mucho más efectivo y puede tener impactos transformadores en sus vidas. Los adolescentes que infringen la ley deben asumir las consecuencias de sus actos, pero esas consecuencias deben ser coherentes con su etapa de desarrollo y con los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño.

Junto con lo anterior, resulta fundamental examinar los datos con mayor detención y en una perspectiva longitudinal. Al observar la información del CEAD (Centro de Estudios y Análisis del Delito), entre los años 2012 y 2024 se aprecia una disminución en la comisión de delitos violentos por parte de adolescentes. Mientras en 2012 se registraban 4.023 casos policiales, en 2024 la cifra desciende a 2.304. No obstante, cabe señalar que tras la pandemia se advierte un repunte en los delitos, aunque sin alcanzar los niveles observados a inicios de la década.

En lugar de responder con castigos más duros, nuestra sociedad debería enfocarse en generar las condiciones para que los adolescentes aprendan a tomar buenas decisiones.

No aprovechar esta etapa de desarrollo es una dramática pérdida de oportunidades, tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto. Más aún cuando el país esta en pleno proceso de implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que busca precisamente adecuar la intervención a las características y contexto de cada adolescente. La instalación de este modelo culminará recién en 2026; por lo tanto, modificar las sanciones pone en riesgo los avances ya logrados.

Francisca González
Coordinadora de Infancia Centro UC Justicia y Sociedad

Matilde Elton
Investigadora Centro UC Justicia y Sociedad