El capitalismo está sufriendo un ataque desde sus entrañas. Su reemplazo no viene por el socialismo añejo que se predica en nuestras tierras, sino por un capitalismo de Estado —ya sea de derechas o izquierdas—, donde la agenda gubernamental busca definir las directrices de las empresas.

Los aranceles de Estados Unidos, justificados en base a criterios arbitrarios, son a estas alturas un detalle. En las últimas semanas, hemos visto negociaciones directas de Trump con empresas para no subir los precios a los consumidores o peticiones por redes sociales para que empresas echen a sus ejecutivos por ciertas opiniones o acciones. La reciente decisión de cobrar un impuesto de 15% a las exportaciones a China a empresas exportadoras de microchips de inteligencia artificial muestra que la grieta ya se produjo.

Se puede discutir si hay razones de seguridad nacional que justifiquen la promoción de ciertas industrias, pero cuando los negocios deben firmarse en la Oficina Oval, el problema es otro. Así, las instituciones palidecen al lado de quien detenta el poder. Este sistema no es muy diferente a lo que sucede en China, donde las empresas —públicas o privadas— deben al final del día seguir las directrices del gobierno en sus negocios. No se trata de solo obedecer las reglas, sino también los deseos del gurú de turno.

Todo esto es muy peligroso. La democracia y un sistema de reglas pueden tener muchos defectos, pero evitan el dirigismo de quien detenta el poder. Con un populista por cuyo escritorio pasan las decisiones más importantes —subiendo o bajando el pulgar cuando se favorece su propia agenda o cuando quedan algunas monedas por ahí—, la corruptela y la ineficiencia son inevitables.

Los países pequeños no somos inmunes a este fenómeno. Los gobiernos tienen legítimos derechos a impulsar sus agendas por la vía institucional, pero distinto es cuando se involucran en las decisiones corporativas hasta la médula por la vía de los hechos. Ejemplos abundan: oficinas presidenciales que establecen la “orientación estratégica del Estado” para los negocios, o permisos y fondos públicos condicionados al cumplimiento de objetivos fuera de la ley pero que forman parte de la agenda política. La proliferación de guías o dictámenes de dudosa legalidad en nuestro país representa un verdadero esfuerzo de control de los negocios por parte de la autoridad política.

La amenaza antiliberal está a la vuelta de la esquina. Cuesta identificarla, porque las voces que ven la regulación como la solución a cada problema se han multiplicado. Es en la excesiva regulación y en la arbitrariedad de quien la ejerce donde el capitalismo de Estado encuentra terreno fértil.