Las elecciones judiciales en México son un ejercicio sin precedentes a nivel global. Se trata del único país que elegirá por voto popular a todos los jueces del país, federales y estatales. Su magnitud, el contexto político de la reforma que las permitió, y la improvisación técnica reflejan la influencia de un poder político dominante que parece decidido a controlar procedimientos y resultados.

Legitimidad democrática en entredicho: La participación en la jornada electoral del 1 de junio fue mínima, apenas 13%. Ello permitió que minorías organizadas, mediante “acordeones” (plantillas) distribuidas en todo el país concentraran los votos en perfiles afines a la coalición gobernante. Así, 9 millones de votantes, en un padrón de 100 millones, decidieron quién impartirá justicia.

El peso de la estructura partidaria y estatal fue evidente; lo que sugiere una peligrosa concentración del poder en un solo grupo político, que ya controla Ejecutivo y Legislativo. Poco quedaría de la función contramayoritaria de la judicatura, pues jueces elegidos por voto tienden a alinearse con mayorías populares que los eligen, dejando de lado la obediencia de la ley y la protección de minorías.

¿Elige realmente el pueblo?: El modelo mexicano no garantiza que la ciudadanía realmente elija, pues los aspirantes pasan primero por comités de evaluación influidos por poderes políticos y luego por un sorteo. Un aspirante calificado debe pasar los filtros del control político y del azar. Las metodologías varían entre comités, con poca transparencia y objetividad. Hubo irregularidades: el comité judicial suspendió labores por orden judicial, pero el Senado asumió sus funciones sin fundamento legal que lo autorizara.

Voto desinformado: Cada ciudadano, con poquísima información, debía elegir: integrantes de Suprema Corte, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y jueces federales, además de judicatura local (estadual). El Instituto Nacional Electoral, con presupuesto insuficiente, solo habilitó un portal con currículos. Los vínculos políticos o con el crimen organizado de algunos aspirantes fueron apareciendo en la prensa. No hubo financiamiento público ni control de propaganda, favoreciendo a quienes tenían redes, recursos o cercanía al poder. Además, el uso de encuestas manipuladas y noticias falsas reforzó ventajas indebidas.

Tribunal de Disciplina Judicial: La reforma eliminó al Consejo de la Judicatura y creó este Tribunal con facultades disciplinarias amplias que podrían sancionar a jueces por contravenir “el interés nacional”. Además, puede evaluar el desempeño y separar a quienes no aprueben evaluaciones posteriores, lo que amenaza la independencia interna. El episodio más polémico fue la inclusión ilegal de antiguos consejeros en la boleta de votación, pese a no haberse postulado y a que la reforma constitucional los excluye. Con ello, consejeros cercanos al gobierno ingresaron al TDJ, contradiciendo el argumento de que la reforma buscaba acabar con la supuesta ineficacia del órgano que se sustituía.

Observación nacional e internacional: Organizaciones civiles mexicanas documentaron desde el inicio la falta de reglas claras, la improvisación y la postulación de candidatos con vínculos delictivos. A nivel internacional, la Misión de la OEA coincidió en que este modelo no debe replicarse en la región.

Purificación: El 1 de septiembre deben asumir las nuevas autoridades judiciales electas, y se ha previsto una ceremonia de “purificación” de la Suprema Corte. Más allá de los enormes desafíos de la transición, la elección de jueces en México deja grandes lecciones: sin las mismas garantías que exigimos a un proceso electoral político, no garantiza más democracia ni da el poder a los ciudadanos. Por el contrario, erosionará la independencia de los jueces, exponiéndolos a intereses coyunturales; y, en paralelo, debilitará la arquitectura institucional, dejando a la ciudadanía huérfana de jueces independientes que pongan límites al poder político y cautelen las garantías ciudadanas.

Jaime Arellano
Secretario ejecutivo de Misiones Internacionales de Observación de la elección de altas autoridades de los Sistemas de Justicia en América Latina (MIO) Ursula Indacochea
Directora del Programa de Independencia Judicial, Due Process of Law Foundation (DPLF)