Señor Director:

Ad portas de conocerse el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el Consejo Fiscal Autónomo ha emitido una nueva recomendación solicitando esfuerzos de ajuste de gasto, dado el escenario de holguras negativas.

En esta última milla del diseño presupuestario el Ejecutivo deberá consolidar su agenda de responsabilidad fiscal; de lo contrario, si se repiten los resultados de los dos últimos años, resultará en un nuevo desvío de la meta de balance estructural, dejando una base aún más deteriorada para el mediano plazo.

Esta tarea está cuesta arriba para el Ejecutivo. A los desafíos propios de la convergencia, y tal como lo exige la nueva ley de responsabilidad fiscal, se suma materializar las acciones correctivas tras el masivo desvío de la meta fiscal de 2024.

Así, por un lado, el Gobierno debe materializar un ajuste de gasto por US$ 2.000 millones que, de no hacerlo, implicará estrechar aún más la situación fiscal. Respecto de los ingresos fiscales, estos deben crecer cerca de 12,4% el segundo semestre, respecto del mismo período del año anterior, para completar las estimaciones del Ejecutivo. Lamentablemente, lo más probable es que se recauden US$ 3.500 millones menos de lo esperado, comprometiendo así un déficit cercano a -3% del PIB.

En este escenario, el Gobierno se verá obligado a presentar un presupuesto ajustado, sin margen de expansión. Las cifras oficiales contenidas en el último IFP muestran que el gasto compatible con una meta de balance estructural para 2026 de -1,1% del PIB implica necesariamente una caída del gasto fiscal de 0,8% real para el próximo año.

A un mes de entrar de lleno al debate legislativo, la situación vigente es tan crítica que justificaría un ajuste del erario nacional, tal como se hizo de forma inédita en la tramitación del presupuesto 2022.

Cristina Torres D.
Directora, Centro de Políticas Públicas

Alejandro Weber P.
Decano, Facultad de Economía, Negocios y Gobierno Universidad San Sebastián