La carta al director de este diario enviada por Maite, alumna de 11 años de un colegio de Bajos de Mena, quien señala haber aprendido que, en su barrio, después de un fuego artificial, se escuchan muchos balazos, ha conmovido a amplios sectores del país. Relata allí, además, que su hermanita —de menos de dos años— tirita al oír esos balazos. Así, en pocas líneas, una pequeña alumna es capaz de transmitir los enormes daños que provocan el miedo y la inseguridad, no solo en la educación, sino en la vida familiar. Historias similares se repiten a lo largo del país y explican el fuerte temor que expresan cientos de miles de personas que han hecho de la seguridad la principal demanda política del momento. Y es que la importancia que esta tiene para la vida en común no puede soslayarse. No por nada, en la primera declaración de los derechos del hombre, es considerada uno de los cuatro derechos esenciales. Garantizarla es una de las justificaciones principales del Estado. Si ello no ocurre, los riesgos para la convivencia y la cohesión social son incalculables.

En el caso particular de la educación, la evidencia respecto de los efectos perjudiciales de barrios inseguros es abrumadora. Los logros de los niños son entre 5 y 16 por ciento más bajos que los de sus pares de lugares que no experimentan esa inseguridad. Las razones son diversas, pero incluyen el mayor estrés que sufren (los tiritones de la hermanita), menor concentración, indisciplina y menor desarrollo de otras habilidades socioemocionales. Particularmente complejos son los “contagios” que, a veces, se producen; esto es, el proceso a través del cual algunos elementos de la violencia del barrio se trasladan a la sala de clases. No siempre ocurre, pero ahí donde se presenta los proyectos educativos quedan completamente hipotecados.

Por el enorme impacto que tiene la educación para generar igualdad de oportunidades y los daños que la inseguridad genera en los aprendizajes, la protección de los barrios donde se concentran planteles escolares es fundamental. Sin embargo, las acciones que se impulsan en el marco de las iniciativas para avanzar en seguridad ciudadana no tienen necesariamente un foco en estos lugares. Quizás el plan Calle sin Violencia es el que más se acerca a ello, pero su objetivo es algo distinto y tampoco está claro que esté teniendo la efectividad que se pensó. Desde el Ministerio de Educación, en tanto, el énfasis —por razones obvias— está puesto en acciones que pueden fomentar una mejor convivencia e interacción entre los distintos actores de la comunidad educativa, pero hay poco en esas directrices que les permita enfrentar adecuadamente estas “amenazas externas”. Con todo, existen en la experiencia comparada antecedentes interesantes que contribuyen a desarrollar una mayor resiliencia de los colegios frente a estas situaciones. Por supuesto, se trata de una estrategia muy parcial, porque finalmente es un “parche” frente a un problema de fondo cuyo control no depende de la autoridad educativa, sino de aquella responsable del orden público.

En este sentido, y aun asumiendo la limitada capacidad de los colegios para controlar esos factores externos, sus directivos y profesores sí pueden reducir algunos de sus impactos y ayudar a una mayor resiliencia de los alumnos. En particular, atenuando sus niveles de ansiedad, fortaleciendo su autoestima, fomentando el optimismo y la esperanza e incentivando su autocontrol, entre otros aspectos. Por cierto, las complejidades involucradas en estas tareas no se pueden subestimar y pareciera fundamental tener pequeños fondos concursables para que los planteles escolares localizados en esos barrios puedan contar con recursos extraordinarios para trabajar estas dimensiones en sus comunidades educativas. Por supuesto, sin olvidar que la mejor solución es brindar mayor seguridad en esos vecindarios. Pero esto es lo que no está ocurriendo, a pesar de las distintas iniciativas que se anuncian para lograrlo.