Señor Director:

Hace unos días se dio a conocer que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió, luego de una larga y compleja investigación, sancionar a la empresa salmonera Cooke Aquaculture por incumplir sus permisos ambientales y sectoriales en tres de sus centros ubicados al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael, en la Región de Aysén.

Según la fiscalización de la autoridad ambiental, la empresa sobreprodujo y modificó sustantivamente los proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, además de operar fuera de su área de concesión, cuestión que llevó a una multa económica y a ordenar la clausura de aquella parte de la operación que estaba funcionando ilegalmente.

Ante esto, la empresa reaccionó airadamente y con una estrategia de victimización, utilizando frases que catalogan la sanción de clausura como “un acto expropiatorio” y que supuestamente incumpliría el TLC con Canadá.

Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce, sino que también es ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal. El resto de la producción de estos centros al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, de un modo totalmente inexplicable a la luz de la magnitud de las infracciones cometidas por la empresa, no sería afectada por la sanción.

Sofía Barrera
Abogada ONG FIMA

Erwin Sandoval
Codesa

Peter Hartmann
Aisén Reserva de Vida